En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, ha afirmado que la empresa, que cuenta con 18 trabajadores, no va a poder cumplir con su plan de viabilidad debido a la "evolución" del mercado del suelo y además, forma parte de la estrategia global de reducción del gasto público que ha acometido el Ejecutivo desde 2009.

Marrero ha indicado que es una decisión "responsable" vinculada al contexto de ajuste del sector público canario, y ha comentado que al no estar en proceso concursal, la decisión definitiva se tomará en la Junta General, donde aparte del propio Ejecutivo, tienen representación los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.