"Este problema está causando una afección importante a toda la cadena de alimentación. Si no se busca una solución pactada y negociada con todos los sectores afectados, el Cabildo de Gran Canaria pondrá en jaque a numerosos sectores -sector de la distribución (grandes superficies y supermercados), y sectores primario, ganadero e industrial-, de tal manera que puede darse la paradoja de que, al tener que mandar los residuos a la Península, cueste más el residuo que el propio producto".
Los socialistas califican de "disparate absoluto". Porque "es condenar la producción local a su desaparición o a la posible proliferación de enterramientos clandestinos". Y, además, "puede suponer un impacto en el precio final del producto. Va a repercutir, una vez más, en el bolsillo de los consumidores", afirma Carolina Darias, portavoz socialista en el Cabildo de Gran Canaria.
"El Cabildo de Gran Canaria debe ponderar las posibles salidas que la Unión Europea con la declaración de Canarias como Zona Remota", señala Darias.
