Por un importe de 571.444,96 euros, el Cabildo de Gran Canaria apoyará acciones que llevan a cabo tanto los Ayuntamientos de Agüimes, Artenara, Arucas, La Aldea de San Nicolás, San Bartolomé de Tirajana, Santa María de Guía, Telde y Valsequillo como las asociaciones San Vicente Paul, Hermanitas de Ancianos Desamparados, Tipci, Comsi, Gull-Laségue, Aspaym o C.N. Las Palmas.
Estas ayudas, indicó Álamo, complementan el Convenio de la Dependencia, ya que financian una parte de los costes derivados de la prestación de servicios en Ayuntamientos y asociaciones no contemplados en el citado Convenio. Todo ello, con el ánimo de mitigar el déficit sufrido por los mismos, ya que ofrecen atención a personas en situación de dependencia y dan cumplida respuesta a las atribuciones propias del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) de Gran Canaria.
Igualmente, el Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado por unanimidad la Addenda en el Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para la prestación de servicios en centros a personas en situación de dependencia 2013, mediante el que se garantiza que la Institución Insular podrá recibir, en su totalidad, los 28.652.557 euros que le corresponde transferir al Gobierno de Canarias para el mantenimiento de las plazas para mayores y personas con discapacidad de Gran Canaria. En tanto, se admite por primera vez la posibilidad de destinar los fondos a cofinanciar gastos como los relativos al exceso en el coste real de mantenimiento frente a lo fijado en las cláusulas del Convenio de la Dependencia, el transporte de los usuarios y la financiación de plazas por ingreso requerido por orden judicial.
"Esta addenda viene a mitigar situaciones que produce la realidad de la gestión ya que, aunque según las cláusulas del Convenio, al Cabildo Insular le corresponde el 50 % del coste de las plazas de mayores y el 33,97 % en las de personas con discapacidad, la realidad determina que, a lo largo del año, el Cabildo asume otros gastos como son los relativos al coste real de la plaza/día frente a lo fijado en las cláusulas del Convenio, el mantenimiento de los centros (obras y reparaciones), el transporte de los usuarios y la financiación de plazas por ingreso requerido por orden judicial", según Álamo.
