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01 Abr

El Ayuntamiento de Las Palmas anula el paso de personal laboral a funcionario

Las Palmas de Gran Canaria/ Solo los concejales del PP, que gobierna en solitario la corporación, respaldaron la decisión, ante la cual votaron en contra los ediles del PSOE y los de Compromiso por Gran Canaria y optaron por abstenerse los de Nueva Canarias.
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado dejar sin efecto el cambio del personal laboral a funcionariado interino en vigor desde comienzos de año, en una sesión en que la oposición ha acusado al grupo de gobierno de ilegalidad y falta de transparencia.

Solo los concejales del PP, que gobierna en solitario la corporación, respaldaron la decisión, ante la cual votaron en contra los ediles del PSOE y los de Compromiso por Gran Canaria y optaron por abstenerse los de Nueva Canarias, no sin antes criticar la actuación de los populares, al igual que el resto de los grupos de la oposición.

Todos ellos rechazaron los argumentos del portavoz del grupo de gobierno, Ángel Sabroso, que defendió el referido cambio de vínculo del personal laboral a pesar de que haya tenido que ser anulado en cumplimiento de un auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el 7 de marzo, ordenando que se diera marcha atrás a esa medida de forma cautelar ante denuncias de los trabajadores.

Sabroso ha asegurado que el paso a personal funcionario interino de los laborales, enmarcado en "la primera relación de puestos de trabajo (RPT) de la historia del Ayuntamiento" que han promovido sus actuales gobernantes, se llevó a cabo buscando solo la estabilidad de la corporación y de sus empleados y, en virtud de ella, una mejor situación de la corporación.

Puesto que, según ha sostenido, la existencia de ese personal laboral, un colectivo de algo más de 600 de los 3.000 trabajadores que tiene el Ayuntamiento en total, supone una "anomalía" que perjudica a los propios empleados, en primer lugar, y, a resultas de ello, a la operatividad de esta administración.

Insistiendo en que el fin prioritario de la medida ahora dejada sin efecto era "dar una solución definitiva a ese personal laboral que no tiene derecho a la promoción interna o a tener una adscripción exacta de sus puestos de trabajo", en el marco de una iniciativa, la elaboración de una RPT, destinada a "sentar bases de futuro" para una mejor organización de la corporación.

Algo que se ha hecho, según ha dicho, "contando con todo el personal de la casa".

Frente a sus afirmaciones, la portavoz del grupo socialista, Isabel Mena, ha declarado que la actuación del PP ha sido rechazada por los empleados y que prueba de ello es que ha sido recurrida por varios de sus representantes sindicales, y ha destacado que, además, todo se ha hecho "fuera de la legalidad y sabiendo que lo estaban haciendo así".

Lo cual es "realmente grave", ha opinado Mena, quien ha mantenido que el proceder del grupo de gobierno incluso "va contra la Constitución" y que la decisión de seguir adelante con la iniciativa, pese a quienes se oponían a ella, ha derivado en una situación de "caos".

Su parecer ha sido respaldado por la portavoz de Compromiso, Nardy Barrios, que ha acusado al PP de haber generado un estado de "total desorganización y mal ambiente dentro del Ayuntamiento" que, en última instancia, perjudica a quienes requieren sus servicios, los ciudadanos, al entender de una y otra representantes políticas.

Pedro Quevedo, en nombre de Nueva Canarias, ha cuestionado también lo hecho por el gobierno municipal, con el argumento de que un cambio como el que ha pretendido solo puede llevarse a cabo en el Congreso de los Diputados, aprobando una modificación de la Ley de la Función Pública, y que, en tanto no se haga eso, con medidas como la acometida en la ciudad "la conflictividad está servida".

La oposición ha criticado, así mismo, el modo en que se ha llevado a cabo la toma en consideración del auto del TSJC que ha obligado a retrotraer la situación de los laborales, en el transcurso de un pleno convocado en las Oficinas Municipales y no en las Casas Consistoriales, como es habitual, que Mena ha tachado de "prácticamente clandestino".

Acusación esta que ha rechazado Sabroso, que ha dicho que esa toma en consideración se pudo incluir en la sesión ordinaria del Pleno celebrada el miércoles pasado, pero se decidió aplazarla hasta hoy, en una convocatoria extraordinaria, "para que no se dijese que el grupo de gobierno tenía algún ánimo de oscurantismo".

Y, frente al vaticinio de la oposición de que los cambios en la situación del personal laboral empeoran las condiciones del servicio que se presta a los ciudadanos, ha asegurado que "no tendrá efecto alguno" y que las cosas seguirán funcionando normalmente, "igual que lo han hecho durante las últimas tres décadas", en las que siempre ha habido empleados que no eran funcionarios.

Agregando que los únicos afectados serán los 600 empleados laborales, que verán que sus salarios se reducirán algo respecto a los que cobraron los primeros tres meses de este año en calidad de funcionarios interinos en el 60 % de los casos, y, en el 40 % restante, cómo sus sueldos, por contra, aumentarán un poco.

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