Esta medida, aprobada por la unanimidad del pleno de la Corporación municipal celebrado este martes, obedece al silencio que el Consejo Insular de Aguas ha dado por respuesta a dos escritos de requerimiento de devolución de la propiedad que el Ayuntamiento formuló por vez primera el 17 de diciembre del 2009, y la última vez el 18 de diciembre del 2013.
En ambos requerimientos el Ayuntamiento recuerda que las instalaciones se ubican sobre un suelo municipal de 35.000 m2 cedido a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario atendiendo al Protocolo que ambas administraciones firmaron en 1994, en cuya cláusula 4ª se recoge expresamente que la EDAR debía entregarse al municipio una vez terminada. También se puntualiza que el Consejo Insular de Aguas no tiene concertado con San Bartolomé de Tirajana ningún convenio de cesión de explotación de la depuradora como sí tienen otros municipios de la Isla.
En el último requerimiento, el alcalde Marco Aurelio Pérez insiste en que la prestación del servicio de depuración de aguas a los vecinos y turistas es competencia municipal; que la estación depuradora se incluyó en el programa de calidad de las aguas del Sur de Gran Canaria calificadas de interés general, y que dichas obras quedaron enmarcadas en el convenio de colaboración que suscribieron el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno autónomo el 30 de diciembre de 1997 para ejecutar obras hidráulicas y de calidad de las aguas, en cuya cláusula 9ª se determina que los gastos de conservación, mantenimiento y explotación correrían "por cuenta de la administración beneficiaria".
En su último requerimiento al Consejo Insular de Aguas, donde el alcalde incluso invoca a los principios de cooperación y lealtad institucional que debe regir la actividad y las relaciones entre administraciones públicas, el Ayuntamiento insiste en que la EDAR se levantó en suelo municipal "con el único propósito de prestar un servicio municipal", y que el complejo atiende en exclusiva a la depuración y reutilización de aguas residuales urbanas dentro de este término municipal.
Competencia municipal
En ese sentido, el informe jurídico que sustenta el acuerdo plenario adoptado este martes, recoge que la EDAR de El Tablero "es un bien de servicio público del municipio por estar destinado al cumplimiento de fines públicos de su responsabilidad"; que "son obras locales con independencia de qué administración asumiera la financiación, puesto que el servicio de tratamiento de aguas residuales es competencia del municipio", y que el Protocolo de 1994 firmado entre el Ayuntamiento y la Consejería canaria de Obras Públicas "sigue en vigor" y debe interpretarse conforme a lo que dispone el convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Medio Ambiente el 30 de diciembre de 1997, en cuya cláusula 9ª se dicta que la administración beneficiaria correría con los gastos de conservación, mantenimiento y explotación.
El Ayuntamiento sostiene que la Comunidad Autónoma designó al municipio beneficiario de las obras en el Protocolo de 1994, y que en ningún momento se puede entender al Cabildo Insular como tal beneficiario porque es el Consistorio quien asume los costes de explotación y mantenimiento mediante el cobro de las tarifas aprobadas para prestar el servicio de alcantarillado-saneamiento, depuración y evacuación de aguas residuales.
Por otro lado, el Ayuntamiento defiende que la afección de la EDAR se produjo primero con la aprobación del PGOU que la CUMAC aprobó definitivamente en octubre de 1996, donde dicha instalación hidráulica figuraba como sistema general y bien de dominio público del Consistorio.
El problema
El problema sobre la propiedad de la EDAR se fechó el 14 de diciembre de 2005, cuando la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias entregó las obras de las estaciones depuradoras al Consejo Insular de Aguas del Cabildo Insular, que a partir del 1 de febrero del 2006 se proclamó "titular de la instalación" ante la Consejería autonómica de Política Territorial y Medio Ambiente.
Dicha entrega obvió un acuerdo plenario de este Ayuntamiento del 29 de diciembre de 1998, donde la Corporación municipal ratificó los compromisos del convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para la construcción de las estaciones depuradoras de El Tablero y Arguineguín, y donde se aprobó que una vez terminadas y entregadas por la Dirección General de Aguas de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario se cederían para su conservación y explotación a la entonces empresa concesionaria hasta el año 2025 del servicio de abastecimiento y depuración en el municipio, Eléctrica Maspalomas SA (Elmasa).
El Ayuntamiento sostiene que ni el Cabildo Insular ni el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria cuentan con titulo jurídico que habilite o ampare su pretendida titularidad y mucho menos la posesión de la EDAR, y mantiene que "el acta de entrega de la instalación entre la administración autonómica y el Consejo Insular de Aguas carece de apoyatura legal, contractual y fáctica", toda vez que el Cabildo no intervino ni en la ejecución ni en la financiación de las obras, ni tampoco sufraga el coste del servicio ni adquirió los terrenos para la construcción de la instalación. "Dicha entrega no ha supuesto un uso efectivo y de gestión de la EDAR por el Consejo Insular de Aguas, pues la misma la ha venido realizando primero Elmasa y actualmente Canaragua como concesionarios de la gestión indirecta de un servicio público municipal", afirma el informe técnico del Ayuntamiento.
Apéndice histórico para comprender el proceso
El 28 de junio de 1989, el pleno del Ayuntamiento aprobó formalizar un convenio con las familias Suárez Betancor y Valenzuela Suárez (Comunidad Suárez Betancor) para adquirir 35.000 m2 de suelo rústico destinados a la EDAR.
El 23 de octubre de 1992, la Secretaría de Estado para las Políticas de Agua y el Medio Ambiente, del Ministerio de Obras Públicas, otorgó a la entidad Eléctrica Maspalomas SA (Elmasa) la concesión para ocupar durante 30 años para el emisario submarino de la Playa de Las Mujeres.
En el año 1994, los ayuntamientos de San Bartolomé y Mogán suscribieron con la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias un Protocolo para ejecutar las obras de saneamiento, depuración y reutilización del programa de calidad de las aguas en el sur de Gran Canaria, que habían sido declaradas de interés general por un Real Decreto Ley a finales de febrero de 1993.
En dicho Protocolo se detalla la existencia de un convenio entre el Estado y la Comunidad Autónoma, por el que la Dirección General de Calidad de las Aguas del Ministerio de Obras Públicas asumía financiar con mil millones de pesetas (unos 6 millones de euros) las obras de la 2ª fase de la EDAR de El Tablero de 12.000 m3/día, incluyendo una línea de fangos y tratamiento terciario para 18.000 m3/día, y un depósito de agua tratada a pie de planta con esa misma capacidad. Por su parte, la Comunidad Autónoma o bien los dos Ayuntamientos beneficiarios asumirían los proyectos y financiación de los sistemas de saneamiento, reutilización y ampliación de riegos con un presupuesto de 685 millones de pesetas (unos 4,1 millones de euros). El caudal resultante sería apto para el consumo agrícola y la jardinería. Asimismo, en el Protocolo se detalla también que los dos Ayuntamientos beneficiarios de las obras se harían cargo de la explotación y mantenimientos de las mismas una vez terminadas.
El convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad Suárez Betancor para la compra del suelo de la futura EDAR se suscribió el 23 de agosto de 1994. Se pagaron algo más de 26 millones de pesetas (unos 156.561 euros). El Ayuntamiento escrituró la propiedad ante notario el 17 de abril de 1995, y así figura inscrita en el Registro de la Propiedad.
El 30 de diciembre de 1997 el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias suscriben un convenio de colaboración para construir las obras hidráulicas y de calidad de las aguas de interés general.
El 12 de junio de 1998, el pleno del Ayuntamiento acordó iniciar el expediente administrativo para rescatar y revertir al Consistorio las estaciones depuradoras de aguas residuales de El Pajar, Hoya de Tunte y Tablero de Maspalomas que habían sido cedidas al Consorcio Insular de aprovechamiento de aguas depuradas de Gran Canaria antes de que éste se extinguiera a finales de 1997 (cuando el Ayuntamiento de Las Palmas decidió salirse del mismo) y pasaran a manos del nuevo Consejo Insular de Aguas.
El Ayuntamiento de San Bartolomé había cedido al Consorcio dichas estaciones depuradoras sumándose al criterio de solidaridad que proponía el Cabildo con su política de insularizar todos los recursos hidráulicos de la Isla. Y decidió iniciar el rescate de las mismas y centralizar sugestión a través de la empresa Elmasa, concesionaria del servicio hasta el año 2025, cuando la Mancomunidad del Sureste rechazó sumarse a la política hidráulica del Cabildo.
El 29 de diciembre de 1998, el pleno del Ayuntamiento ratificó los compromisos del convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para la construcción de las estaciones depuradoras de El Tablero y Arguineguín, y aprobó ceder su conservación y explotación a Elmasa una vez terminadas y entregadas por la Dirección General de Aguas de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias.
El 14 de diciembre de 2005, la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias entregó las obras de las estaciones depuradoras al Consejo Insular de Aguas del Cabildo Insular, que a partir del 1 de febrero del 2006 se proclamó "titular de la instalación" de la EDAR de El Tablero ante la Consejería autonómica de Política Territorial y Medio Ambiente.
El 11 de septiembre de 2007, el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias autorizó a Elmasa a verter al mar a través del segundo emisario submarino de la playa de Las Mujeres las aguas residuales depuradas de la EDAR de El Tablero, ya en funcionamiento.
El 17 de diciembre del 2009, a la vista del "perjuicio" ocasionado por el "elevado importe de la deuda" que el Consejo Insular de Aguas mantenía con Elmasa, la ex alcaldesa María del Pino Torres remitió al a la gerencia del Consejo Insular de Aguas, un escrito de requerimiento pidiéndole la "entrega inmediata" de la EDAR de El Tablero y su planta de tratamiento terciario de aguas residuales depuradas al Ayuntamiento, "como único titular y responsable de los distintos servicios públicos comprendidos en el ciclo integral del agua".
En dicho escrito se recordó que las instalaciones se ubicaban sobre suelo municipal cedido a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario atendiendo al Protocolo del año 1994, donde se proponía que las mismas debían entregarse al municipio una vez terminadas. También se puntualizó que el Consejo Insular de Aguas no tenía concertado con el Ayuntamiento ningún convenio para la cesión de explotación de las depuradoras como sí tenía con otros municipios de la Isla, y que el mismo caso era "enteramente predicable" respecto a la EDAR de Arguineguín.
Aquel escrito de requerimiento, del que se entregó copia a la Consejería de Obras Públicas y a la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, nunca recibió respuesta.
El actual gobierno municipal de Agrupación de Vecinos (AV) retomó este asunto y el 18 de diciembre de 2013 el alcalde Marco Aurelio Pérez remitió un nuevo escrito de requerimiento al Consejo Insular de Aguas reiterando los razonamientos y la petición que ya se había formulado en diciembre del 2009.
El Ayuntamiento recuerda en este segundo requerimiento que la prestación del servicio de depuración de aguas a los vecinos y turistas es competencia municipal; que la parcela de la EDAR es propiedad del Consistorio; que la estación depuradora se incluyó en el programa de calidad de las aguas del Sur de Gran Canaria calificadas de interés general y en el posterior Protocolo firmado por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario y el Ayuntamiento para la ejecución de las obras, donde su cláusula 4ª recogía expresamente que una vez finalizadas las obras los Ayuntamientos beneficiarios de las mismas se harían cargo de la explotación y mantenimiento de las mismas". También se puntualiza que dichas obras quedaron enmarcadas después en el convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno autónomo para ejecutar obras hidráulicas y de calidad de las aguas fechado el 30 de diciembre de 1997, en cuya cláusula 9ª en la que también se determina que los gastos de conservación, mantenimiento y explotación correrían por cuenta de la administración beneficiaria.
Marco Aurelio insiste en su requerimiento al Consejo Insular que la EDAR se levantó en suelo municipal con el único propósito de prestar un servicio municipal, y que el complejo atiende en exclusiva a la depuración y reutilización de aguas residuales urbanas dentro de este término municipal.
Este escrito, del que se también se entregó copia a la Consejería de Obras Públicas y a la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, y donde el alcalde invocó a los principios de cooperación y lealtad institucional que deben regir la actividad y las relaciones entre administraciones públicas, tampoco recibió respuesta por parte del Consejo Insular de Aguas
