Para ello, firmarán un convenio que contempla tres aspectos, el primero relacionado con las incidencias de las obras, que previsiblemente comenzarán el próximo año y se extenderán de cuatro a seis, por lo que el consistorio trabajará con los propietarios de los terrenos y el Consejo Insular de Aguas para garantizar un acceso provisional para los camiones que no afecte a la población.
Asimismo, una vez en funcionamiento la nueva infraestructura, el acceso al puerto será a través de una vía alternativa a la red municipal para que tampoco afecte a la vida cotidiana del municipio.
En segundo lugar, explicó la consejera de Obras Públicas del Gobierno canario, crearán una mesa de trabajo que analizará las soluciones a la GC-2 para que el ejecutivo las incluya en sus convenios, financiar las obras y ejecutarlas antes del aumento de tráfico que conllevará la apertura del puerto.
"No podemos diseñar propuestas de infraestructuras estratégicas y generar problemas en cadena, por tanto hemos decidido actuar en todos los aspectos, cada uno en su competencia", coincidió el presidente insular.
Finalmente, el Gobierno se compromete a eliminar el actual espigón, necesario hasta que culminen las obras. Chacón explicó que este aspecto y la construcción de la segunda rampa quedó a mejora de las contratas, pero si una vez abiertos los sobres no está contemplado, el Ejecutivo lo asumirá igualmente, de modo que el actual puerto y su "envidiable entorno" quede para uso pesquero, deportivo y turístico.