Fue en ese momento cuando los afectados recurrieron a la ayuda de la empresa municipal Fomentas del Ayuntamiento de Telde, que a su vez solicitó al Consorcio de Vivienda del Cabildo la documentación necesaria para pedir un nuevo retraso de la fecha de abandono de la casa familiar.

Con la documentación aportada por el Cabildo, más un informe social de la situación de la familia y un certificado de la inmobiliaria que gestiona el alquiler de una vivienda para los demandados, la empresa municipal Fomentas pudo personarse en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Telde a primera hora del viernes pasado y conseguir un nuevo aplazamiento del desahucio hasta el miércoles 22.

La empresa demandante del desalojo, con sede en Holanda, basa su petición en los incumplimientos de pago de la familia, que había contratado un préstamo al consumo con garantía hipotecaria y que no había ingresado las cantidades debidas, por lo que la sociedad reclamó la titularidad de la casa.

La familia, que hasta ahora ha residido en una vivienda de la promoción Eucaliptos II del Valle de Jinámar, está compuesta por la madre, en situación de desempleo, su pareja, que recibe un salario de 900 euros al mes, y tres hijos.

La madre de la unidad familiar aseguró que no ha recibido notificaciones del procedimiento y que, a pesar de ser demandados, no han contado con asistencia letrada.