Se trata de la principal línea de apoyo a los ayuntamientos en materia de políticas sociales para actuaciones dirigidas a colectivos en situación de riesgo de exclusión social y de vulnerabilidad, y el Cabildo ha determinado la cuantía que percibirá cada uno siguiendo los criterios de población y desempleo.
Los ayuntamientos pueden presentar proyectos que incluyan actuaciones dirigidas a la ayuda a domicilio y de respiro familiar, dirigidas a los menores, a personas en situación o riesgo de exclusión social, y actuaciones en el ámbito de la atención de las personas mayores y personas con discapacidad.