La Ley 21/2015, de 20 de junio, por la que se modificó la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, cuyo artículo 6 viene a definir al agente forestal como el "funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad perteneciente a las Administraciones Públicas que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación corporativa específica, tiene encomendadas, entre otras funciones, las de vigilancia, policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y de la policía judicial en sentido genérico tal como establece el apartado 6 del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actuando de forma auxiliar de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal, y de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con respecto a las facultades de su legislación orgánica reguladora."
Esta profesión la ejercen en las Islas los funcionarios del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Comunidad Canaria, con efectivos en los Cabildos y en el Gobierno de Canarias, al que debemos unir los agentes medioambientales del Estado y aquellos adscritos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tienen el carácter de agentes de la autoridad.
El autor confeso del incendio de 2007 no era, ni ha sido nunca, agente forestal, sino un trabajador contratado durante 3 meses por la empresa Gesplan SA para realizar tareas de vigilancia en el puesto fijo de La Montaña de La Alsándara. Por ello, al definirlo como agente forestal en diversos medios de comunicación ha ocasionado un perjuicio para toda la profesión. Por todo ello, el sindicato solicita que dicha circunstancia sea rectificada y que en el futuro se tenga en cuenta.