Gran Canaria respondió a la llamada internacional con el ofrecimiento de 40 plazas de acogida en el Centro de Migraciones San Antonio de la capital grancanaria, donde residen personas a la espera de obtener el asilo definitivo, y 31 plazas en Vecindario, donde además hay otras 38 para atención humanitaria, lo que suman 109 plazas de acogida en la Isla.
En la actualidad, 27 plazas del Centro de Migraciones San Antonio, cedido por el Cabildo, están ocupadas por personas de Venezuela, Rusia, Honduras, Gambia y Colombia, mientras que en el centro de Santa Lucía hay 26 atendidos que proceden de Venezuela y Colombia, según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias (Cear).
Las últimas cifras de Cear informan que hay 53 personas acogidas en Gran Canaria, mientras que otras 30 se encuentran a la espera de conseguir una plaza en alguno de los centros.
El Cabildo se suma con esta moción a la campaña de denuncia que promueve la Plataforma S.O.S Refugiados en Gran Canaria por el incumplimiento en su compromiso de acogida y refugio del Gobierno español, que ha solicitado la rebaja de su cuota de refugiados a 7.000 personas.
Esta petición se amplía a la Unión Europea, cuya respuesta está basada "en el control de flujos migratorios por encima de las vidas humanas", lo que ha dejado a millones de inmigrantes y refugiados en una situación "de extrema desprotección y sufren la vulneración de sus derechos", expone el consejero.
Asimismo, la moción propone pedir al Gobierno de Canarias, cabildos insulares y ayuntamientos que actualicen el listado de dependencias preparadas para recibir a personas refugiadas y al Estado español que cumpla con los compromisos adquiridos, ante la UE y la ciudadanía, para la reubicación y reasentamiento de refugiados, el fin a las devoluciones ilegales en las fronteras españolas.
Además, el texto pedirá que España ponga fin a los acuerdos firmados con los países denunciados por organismos internacionales por la vulneración de derechos humanos en sus territorios, así como el compromiso de impulsar políticas internacionales que garanticen a las personas refugiadas y migrantes unas condiciones de vida dignas y suprimir los visados de tránsitos aeroportuarios a personas que proceden de países en conflicto.
La moción incluye la solicitud al Estado español que desarrolle el reglamento de la Ley de Asilo 12/2009 para garantizar los derechos de los afectados, así como que agilice "con medios y garantías" las solicitudes presentadas en su territorio, especialmente en Ceuta y Melilla.