La UTE Obrascon Huarte Laín S.A., Hermanos García Álamo S.L. y Félix Santiago Melián S.L., acudió a la Sala en 2015, tras finalizar la duplicación de la carretera, alegando que había soportado injustamente un sobrecoste por valor de 13.428.494,71 euros por los conceptos antes señalados.
La Administración había licitado la obra en su día por importe de 53.594.252,64 euros –coste que experimentó una modificación al alza de 10,6 millones de euros, casi el 20% del precio inicial-, y la UTE se había alzado como adjudicataria de la licitación, recuerda el Tribunal, por criterios "principalmente económicos, antes que la calidad y la seguridad".
"Por tanto", advierte la Sala, "el punto de partida de los sistemas constructivos y la seguridad y salud de la obra estaban regidos por la propia oferta del contratista, si tenía algún defecto sólo a él era imputable".
La sentencia señala que si la UTE quería utilizar los mejores sistema de seguridad existentes en el mercado "debió de incluirlos en la oferta, para así ponderar el coste económico de las mismas".
Asegura el Tribunal que en el caso "resulta absolutamente desproporcionado y contrario a los principios que deben regir una contratación administrativa realizar una oferta y pretender cobrar vía sobrecoste lo que no estaba en su oferta, y quizás hubiese motivado, caso de incluirlas en el contrato, que éste no le fuera adjudicado, dada la importancia en la adjudicación del criterio económico".
Recuerda el TSJC que este pleito no es el primero que se resuelve en referencia a la ejecución de la carretera Pagador-Guía, y documenta tres sentencias en relación con el supuesto aumento de costes del proyecto.
