En este sentido, Pablo Rodríguez, corrigió al diputado por el Partido Popular, Miguel Jorge Blanco, e informó que el expediente de expropiaciones para la ejecución del proyecto se inició el mes de diciembre de 2017, y no el pasado mes de enero.
Por otra parte, el vicepresidente apuntó: "Sin proyecto constructivo actualizado y sin la contratación de la obra iniciada no tenía sentido declarar la urgencia de las expropiaciones, puesto que no se pueden ocupar las parcelas. Lo que decidió el Gobierno de Canarias fue iniciar el procedimiento expropiatorio de forma ordinaria para negociar con los titulares de las parcelas los justiprecios y garantizar su derecho a ser informados de que serán objeto de un proceso expropiatorio". En este contexto, el consejero subrayó que una vez que se contrate la obra sí se podrá declarar de urgencia las expropiaciones.
Pablo Rodríguez recordó al diputado del Partido Popular que la actualización del proyecto de la segunda fase de la carretera de La Aldea, redactado en 2007, es consecuencia "de los recortes en el que el Gobierno de España impuso a Canarias en el marco del convenio de carreteras", una decisión tomada de forma unilateral por parte del Estado en 2012 que provocó que carreteras como la de La Aldea- que estaba contemplada en el convenio anterior- no pudiesen iniciarse en tiempo y forma. El consejero subrayó que recientemente el Tribunal Supremo reconocía en dos sentencias diferentes el daño causado a los intereses de las Islas, dando la razón a Canarias en los procesos judiciales que mantenía abiertos con el Ministerio de Fomento, "para que nos devolviesen el dinero que nos adeudaban", afirmó.
El vicepresidente fue rotundo al destacar la necesidad de la firma de un nuevo convenio de carretera, que depende del Estado, para iniciar la segunda fase de la carretera de La Aldea. "Un marco que garantice las inversiones plurianuales y que nos permita ejecutar la obra a través de varias anualidades", concluyó.
