La denuncia fue interpuesta por Norberto Jonay Pérez Peña, colaborador del empresario de ocio noctuno Samuel Yebra, condenado esta semana por la Audiencia Provincial de Las Palmas a dos años de cárcel por estafa y falsedad por utilizar un documento falso del Ayuntamiento de Agüimes para engañar a dos hermanos en un contrato de permuta.
El presidente del Cabildo explicó que el informe de la Audiencia de Cuentas recogía diferencias de procedimiento que son comunes en los ayuntamientos por las distintas interpretaciones de la norma a la hora de cubrir necesidades como la compra de bolsas de basura por la aprobación de un plan de empleo a mitad de año que no era previsible a principio de año para prever esta adquisición en el presupuesto, o por la apertura de cuentas en los distintos bancos del municipio para que los vecinos pudieran acudir a su propia oficina y facilitarles así sus transacciones municipales y que estaban perfectamente fiscalizadas.
Antonio Morales, que comparecerá este jueves para ofrecer detalles de esta denuncia y explicar las acciones que emprenderá, también refirió en su momento el caso de la contratación de una persona de seguridad a la Asociación de Parados Mayores de 40 años cuando se produjo un robo en el auditorio,
La Audiencia de Cuentas estudió los municipios de Agüimes y Granadilla por tener características similares de población, zona industrial y puerto, y desveló que la gestión de las cuentas era asimismo similar, tal como afirmó su responsable, Rafael Díaz. El presidente del Cabildo subrayó que de haber indicio ilegal de cualquier tipo, era el propio órgano regional el que habría denunciado la situación ante la Fiscalía, lo que no hizo.
Así, tras recibir la denuncia, la Fiscalía de Las Palmas requirió al Ayuntamiento de Agüimes diversos expedientes relacionados con la iluminación del Auditorio, el suministro de bancos para la zona comercial abierta y del servicio de poda de palmeras, así como de la explotación del restaurante El Alpendre, cuyos propietarios eran los aquejados de las presuntas irregularidades. También requirió a la tesorera municipal un informe sobre las cuentas -abiertas para las transacciones de los vecinos-, y que no figuraban en la contabilidad, lo que no implicaba, insistía el presidente, que no estuvieran fiscalizadas.
Con todo, y tras detallar los supuestos que se deben dar para proseguir con las acciones, la Fiscalía notificó este miércoles a Antonio Morales el archivo de la denuncia por no encontrar indicio alguno para proseguir la causa en ninguno de los supuestos.
"Procede el decretar el archivo de las presentes diligencias al entender que no se deduce la existencia de ilícito penal alguno", concluye la Fiscalía.
