La mayor parte de la ciudadanía grancanaria desconoce que la operación propuesta por José Miguel Bravo de Laguna, el presidente del Cabildo, consiste, en gran medida, en no cobrar una parte de los impuestos a los adinerados, para luego pedirles ese dinero prestado".

Según Santana, aproximadamente la tercera parte de esos 45.2 millones, son impuestos no pagados gracias al descuento fiscal denominado Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). Invertir RIC en deuda pública, emitida por el Cabildo grancanario, significa que la cuantía de esos impuestos no pagados por los empresarios se le presta al Cabildo que, posteriormente, devolverá ese dinero más los intereses. Para IUC es inaceptable que un dinero que debiera pagarse como impuesto, en vez de abonarlo a la administración, se le preste para que luego la administración devuelva el importe.

IUC niega que estos descuentos fiscales sean una buena fórmula para crear empleo. Incluso la Reserva Federal de Estados Unidos afirma que un dólar obtenido y gastado por el estado crea tres veces más crecimiento del PIB, en un año, que un dólar destinado a descuento fiscal. En cualquier caso, concluye Santana, "si se quería bajar impuestos habría que hacerlo a quienes menos tienen, no sólo por justicia redistributiva, sino para estimular la demanda y el empleo, y no las cuentas corrientes de quienes más tienen porque, en este segundo caso, se genera más desigualdad".