La continuidad de esta situación, sin la adopción de las medidas necesarias en apoyo de las empresas de restauración, abocará al cierre de las mismas, con la consiguiente pérdida de los puestos de trabajo. Se debe tener en cuenta que la estructura actual del sector está configurada por empresas familiares, con escasas posibilidades de subsistencia si la actual situación de cierre generalizado perdurase.
Como cuestión previa, instar de las distintas administraciones, la participación de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas, en cualquier mesa de trabajo o foro de participación, propiciado desde dichos ámbitos, que tuviera como objeto el estudio de medidas que pudieran afectar al sector de la restauración, por su condición de interlocutor sectorial más representativo y en esta tesitura, instamos del Gobierno de Canarias la constitución de una Mesa Sectorial, con carácter de urgencia.
Lo más urgente que demanda el sector en estos momentos es la ampliación de la vigencia de los actuales Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), desvinculando la causa de fuerza mayor en que se han basado los mismos, de la vigencia del Estado de Alarma. Se evidencia que el sector no recuperará el pulso a su actividad, por el mero hecho de que el Gobierno del Estado decrete el fin del Estado de Alarma. De esta forma, las empresas, en función de sus necesidades, podrían abrir, recuperando progresivamente a los trabajadores de los expedientes, durante toda la vigencia de esta situación excepcional prorrogada. Hay que tener en cuenta que, aunque se reanude la actividad económica en las próximas semanas, el daño al tejido empresarial de los negocios de hostelería y muy vinculados al turismo, especialmente de las pymes y autónomos, abarcarán muchos meses más, ya que las pérdidas de ventas durante el periodo no se recuperarán y la actividad tardará en volver a niveles anteriores a la pandemia.
El establecimiento de la suspensión del pago de los arrendamientos de los locales (arrendamiento distinto del de vivienda, según la LAU), habida cuenta que la reciente medida adoptada por el gobierno, para autónomos y pymes, de establecer un aplazamiento en el pago de los alquileres resulta insuficiente, ya que no supone sino incrementar el endeudamiento de las empresas y abocarlas al cierre definitivo. Se establecería una recuperación progresiva de la renta pactada, en función de la recuperación de la normalidad en el sector. En tal sentido, este alquiler se irá incrementando en la misma proporción que se recupere la facturación anterior a marzo del 2020.
De igual forma, en el marco de las competencias del Estado, el sector precisa la suspensión en el pago de la cuota de autónomos mientras dure esta situación de crisis sanitaria, con una posterior cuota "progresiva" hasta la recuperación de la actividad. Excepto actividades que estén manteniendo el 100% de su facturación. Debe tenerse en consideración que la práctica totalidad de los titulares de los establecimientos son microempresas, regidas por autónomos o por Trabajadores Asimilados al Régimen General. En tal sentido, se deberá establecer, para ambos grupos una prestación económica por cese de actividad durante un mínimo de seis meses. Prorrogables en función de si se mantiene por parte del GOBIERNO las medidas de cierre obligatorio de negocios de hostelería.
Tener en cuenta que los Trabajadores Asimilados al Régimen General, en estos momentos carecen de una mínima protección social, pese a cotizar como si fuera un trabajador por cuenta ajena. Demandamos que la prestación, para este grupo de trabajadores, con pago retroactivo desde el 14 de marzo, hasta el inicio de actividad de las empresas, en su incorporación progresiva.
Las medidas de avales del Gobierno resultan insuficientes, si no se inyecta liquidez a las empresas, para poder afrontar, como insistimos, este periodo de cierre. En tal sentido abogamos por la puesta a disposición de pymes y autónomos, y de forma directa por medio del Instituto de Crédito Oficial (ICO), sin tener que pasar por la mediación de las entidades bancarias (salvo que sean meras tramitadoras nunca intervinientes decisorios), la obtención de créditos blandos sin intereses.
Por parte del Gobierno de Canarias, la exención del pago del IGIC, desde el momento en que se pueda optar por reanudar la actividad y hasta que las empresas recuperen la normalidad.
En el ámbito de la Administración Local, el sector aboga por una reducción esencial de la presión impositiva municipal en el marco de sus competencias. Así, aunque algunas Corporaciones lo tienen restablecido, el sector demanda el establecimiento generalizado de la suspensión del pago de las Tasas Municipales, especialmente la de terrazas y basura comercial. De igual forma, la ampliación del tipo mínimo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, puede coadyuvar de igual forma muy favorablemente a minimizar esta situación.
Abogamos por ampliar la superficie de ocupación de las terrazas, en primer lugar, como medida de seguridad sanitaria, ya que es en ese entorno donde se puede garantizar con mayor facilidad la seguridad de los clientes; y por otro, por la necesidad de que las empresas cuenten con un acicate adicional para su recuperación.
Ya, por último, ante las recurrentes noticias de la vuelta a la actividad del sector, donde un desliz puede significar tener que volver a la situación de confinamiento y cese de actividad de las empresas, requerimos del Gobierno del Estado unos protocolos sanitarios para los trabajadores y clientes claros, eficaces, fáciles de implementar y sin que suponga un coste añadido para las empresas.
El sector rechaza, la imposición de cualquier media no consensuada con el mismo, especialmente la idea de instalar mamparas de separación entre clientes, lo que va a afectar muy negativamente a su comodidad, al tiempo que supondría un costo inasumible, dadas las circunstancias, para las empresas.