Estos cuatro aspectos han supuesto una rémora en el funcionamiento de las administraciones, pero dada la situación socioeconómica aparejada a la crisis sanitaria, son aspectos que deben ser desbloqueados con urgencia, considera el grupo de gobierno.
Solicita a que permita utilizar sus fondos propios para poder proteger a las familias más vulnerables, atender los servicios públicos esenciales y dinamizar la economía local de manera eficiente y eficaz y con ello proporcionar un marco económico justo y solidario, un fin que con el dinero en los bancos no puede perseguir.
El Cabildo de Gran Canaria ha consolidado un ahorro neto de 580 millones, tras restar los gastos pendientes de pago, quedan 350 millones de euros que inmovilizados no ayudan a nada. Son fondos necesarios para poner a las personas en el centro de las políticas para superar esta crisis y para ello es preciso que Europa y sus gobiernos comprendan que es la hora de las personas, por encima de otros intereses, subraya la declaración.
Debe sumarse que las instituciones saneadas y con capacidad para ello puedan recurrir al endeudamiento público para paliar el desplome de los ingresos que sufrirá los próximos meses para poder atender el presupuesto vigente y, con ello, sostener prioritariamente los servicios públicos esenciales.
También deben ser flexibilizados, ahonda la declaración aprobada este lunes en Consejo de Gobierno, los procedimientos administrativos y los procedimientos de contratación con el fin de facilitar la ejecución de obra pública y todas las acciones insulares.
Es asimismo absolutamente necesario flexibilizar la contratación de nuevos empleados públicos, más allá de las tasas de reposición vigentes, con criterios de igualdad, transparencia y publicidad, para afrontar con diligencia la adjudicación de las obras, servicios y suministros acordados y para garantizar los servicios esenciales (sanitarios, sociosanitarios, sociales, etc).
En los últimos años ha aumentado el presupuesto sin que el personal haya aumentado acorde al volumen de trabajo que ello lleva aparejado, lo que ha supuesto un embudo que en esta situación no puede permitirse, pues se traduciría en un estancamiento de las posibilidades de la Administración de actuar de revulsivo de la reactivación socioeconómica.
Una economía de emergencia para una crisis sin precedente
Y es que esta crisis sanitaria tiene un impacto directo en la economía y en la sociedad, en las cadenas productivas y en el día a día de la ciudadanía, por lo que la política económica debe estar orientada a proteger el empleo, ayudar a las personas más vulnerables y a mantener el tejido productivo.
El Gobierno de España, el de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria han adoptado ya medidas urgentes, pero las circunstancias demandan más decisiones. Las comunidades autónomas, los cabildos y los ayuntamientos deben impulsar cuanto antes una economía de emergencia y promover la reconstrucción y la recuperación, cada uno en su ámbito de competencias.
La salida de esta crisis no puede volver a cargarse sobre las espaldas de las clases más desfavorecidas como pasó con la de 2008, ya que además las familias más vulnerables, y otras que aún no llegan a serlo, reclamarán ayudas no solo en alimentos, sino también para el pago de suministros e incluso del alquiler.
Es muy importante, prosigue, evitar la pauperización de las clases medias trabajadoras, no solo porque es injusto, sino porque conlleva el debilitamiento de las estructuras democráticas de la sociedad y favorece el desarrollo de populismos insolidarios y reaccionarios.
La pérdida de empresas, la situación de emergencia de los autónomos y el cierre de negocios, la mayoría vinculados al sector turístico, cuya recuperación será lenta y precisará acciones exteriores e inversiones para su modernización, obliga a impulsar políticas de ayuda para el cambio del modelo económico a uno sostenible integral alejado de los criterios desarrollistas y no sostenibles actuales.
El uso del superávit y el endeudamiento público es necesario, no solo para mantener los servicios esenciales, sino para reconstruir la economía tras la fase de crisis sanitaria.
El Cabildo ha aprobado ya un paquete de medidas de más de 140 millones de euros, pero esta situación demandará un mayor número de actuaciones que precisarán recursos financieros para atender las necesidades sociales, empresariales y de la propia administración durante los próximos meses, por lo que considera imprescindible la asunción de estas cuatro medidas recogidas en la declaración del Gobierno insular.
