a) Conservar y mantener el suelo y, en su caso, su masa vegetal, en las condiciones precisas para evitar riesgos de erosión o incendio, o para la seguridad o salud públicas, y daños o perjuicios a terceros o al interés general, incluidos los de carácter ambiental y estético, así como las construcciones, instalaciones e infraestructuras.
b) Usar y explotar el suelo de forma que se preserve en condiciones ecológicas y no se produzca contaminación indebida de la tierra, el agua y el aire, ni tengan lugar inmisiones ilegítimas en bienes de terceros.
En el ámbito de su protección, la normativa vigente califica como infracción muy grave, con sanciones que oscilan entre 6.000 y 600.000 euros, los siguientes supuestos:
a) La alteración de cualquiera de los elementos o las condiciones naturales de un espacio natural protegido o de su zona periférica de protección cuando ponga en peligro o cause daño a sus valores y a los fines de protección o se realice con ánimo de provocar la desclasificación del espacio o de impedir su declaración como protegido, lo que no parece ser el caso.
Por todo ello, el Cabildo rechaza la insistencia del concejal en señalar al Cabildo. La Institución entiende que la solución es que el Ayuntamiento capitalino cierre con la propiedad el acuerdo al que habían llegado de adquirir las charcas para destinar el espacio a un parque agropecuario.
Si el Ayuntamiento requiriera para el desarrollo del proceso el asesoramiento o la colaboración del Cabildo, la Institución está dispuesta a hacerlo. También a facilitar que los distintos planes de inversión que el Cabildo destina a la ciudad se puedan dedicar a rescatar las charcas y su entorno natural, pero es al Ayuntamiento al que le corresponde establecer las prioridades.