La alcaldesa moganera se ha referido a los trabajadores y voluntarios de Cruz Roja Española, que han prestado ayuda humanitaria a las más de 12.000 migrantes que han pasado los últimos tres meses y nueve días por el puerto de Arguineguín. También al Cuerpo Nacional de Policía y a las Fuerzas Armadas, así como a los letrados del Colegio de Abogados de Las Palmas y a los medios de comunicación, siendo estos últimos el altavoz que, según la edil, ha logrado colocar en la agenda política del Estado la crisis migratoria que continúa afectando a Canarias mostrando las condiciones de insalubridad y las carencias que hacían del recinto un lugar inhabitable para la estancia de personas.
"Esperamos que este hecho no se vuelva a repetir por parte del Gobierno de España porque las personas migrantes no merecen para nada este trato indigno que les han dado. Esto no puede volver a suceder bajo ningún concepto en el territorio español", ha indicado la alcaldesa desde el propio Muelle de Arguineguín, donde esta mañana han comenzado las labores de desmantelamiento con la desinfección por parte de los operarios del Ayuntamiento de Mogán de las carpas, baños químicos, vallas, y en general de los 400 metros de longitud del campamento de emergencia.
Bueno también ha agradecido al presidente Torres por el apoyo que le ha mostrado desde el primer momento para que el desmantelamiento sea ya una realidad, además de asegurar que a partir de este momento las personas procedentes de pateras y cayucos llegarán al Muelle de Arguineguín y, como ocurría antes de que se instalara el campamento, se les atenderá y seguidamente serán trasladados a instalaciones habilitadas.
La alcaldesa también ha manifestado "su decepción absoluta con el Gobierno de España respecto a la gestión de esta crisis migratoria" y aplaude que la Fiscalía de Canarias haya recurrido el archivo de la denuncia que ella misma presentó en octubre por el mal estado en el que se encontraban los migrantes en el Muelle de Arguineguín. "Vamos a ver cómo avanzan las investigaciones de la Fiscalía y en consecuencia actuaremos porque la vulneración de los derechos humanos de estas personas no puede quedar en vano", ha apuntado.
Del mismo modo, la alcaldesa también considera deben depurarse responsabilidades por la liberación de 227 migrantes sin recursos en Arguineguín el 17 de noviembre. "Tienen que decirnos quién tomó esa decisión porque la sociedad canaria y en concreto los vecinos y vecinas de Arguineguín merecen saber lo sucedido", ha expresado.
Recuperación de la actividad turística
La alcaldesa anunció la semana pasada que el 31 de diciembre será la fecha límite para que los complejos de apartamentos y hoteles del municipio recuperen su actividad turística y no continúen albergando a las personas migrantes que llegan a las costas de la Isla, que tendrán que ser reubicadas en instalaciones del Estado. Ya el Consistorio ha realizado las inspecciones en las instalaciones hoteleras y se comunicará a los propietarios cuando comenzará el plazo de diez días para presentar las alegaciones que estimen oportunas.
"Vamos a empezar a recuperar el turismo y por tanto, necesitamos ya las 7.000 camas que el Estado se ha comprometido ha habilitar para acoger a las personas migrantes. Si el hospital en IFEMA de 5.500 plazas se levantó en dos semanas, es posible también instalar campamentos militares en menos tiempo". "En los primeros días de enero los técnicos del departamento de Urbanismo visitarán las complejos hoteleros para comprobar su situación y a aquellos que todavía alojen a migrantes se les abrirá un expediente sancionador", ha explicado.
