El consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y vicepresidente del Consejo Insular de Aguas, Miguel Hidalgo, fue el encargado de presentar las sesiones divulgativas de estos dos proyectos, que, como afirmó, propician que la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria ya se encuentre en disposición de dar cumplimiento a las Directivas Europeas en materia de planificación.
Un avance que ha sido posible, según destacó, gracias al trabajo desarrollado desde el Organismo de Cuenca de la Demarcación, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, en colaboración con el Gobierno de Canarias y con la empresa Tragsatec, que ha prestado labores de asistencia técnica, como medio propio de la Corporación Insular.
Por su parte, en el mismo acto, el director general de Ordenación del Territorio y Aguas del Gobierno de Canarias, Víctor Navarro Delgado, se congratuló de que las labores de coordinación que ha acometido el Ejecutivo canario durante la elaboración del PH y del PGRI hayan recortado los plazos de tramitación y, con ello, se hayan remontado los retrasos acumulados en el pasado. Dos circunstancias que, tal y como recalcó, han posibilitado que, en este ciclo, las demarcaciones hidrográficas de Canarias estén en disposición de aprobar sus instrumentos, de acuerdo a la cronología establecida por las directivas europeas.
A su vez, el gerente del Consejo Insular de Aguas, Carmelo Santana Delgado, y el jefe de sección del Departamento de Planificación del mismo organismo, José Imar Chirivella, realizaron una breve presentación del contenido de los dos planes, en la que ofrecieron unas breves pinceladas sobre el contenido de los planes.
Así, dentro del procedimiento de tramitación de los proyectos del Plan Hidrológico (3º Ciclo) y del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación (2º Ciclo), con estas sesiones informativas, el Consejo Insular de Aguas ha facilitado el debate sobre el Estudio Ambiental Estratégico Conjunto de la Demarcación Hidrográfica de Canarias y sobre los aspectos más relevantes de ambos documentos a la ciudadanía en general y a aquellos actores con mayor implicación en la materia, como las comunidades de usuarios, los gestores y ayuntamientos, y las asociaciones y otros grupos de interés, con lo que ha fomentado su participación activa en el proceso.