Esta iniciativa se deriva de la decisión de la Comisión Europea de reforzar el marco de ayudas a sus estados miembros, en el contexto de la crisis de la COVID-19, proporcionándoles fondos directos mediante el denominado 'Mecanismo de Recuperación y Resiliencia', con el propósito de facilitarles apoyo para intensificar las reformas sostenibles y las inversiones públicas.
Con esa premisa, todos los estados de la Unión Europea han elaborado sus propios planeamientos, como parte de sus planes nacionales de reforma. En el caso español, el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia' es la base para el desembolso de la contribución financiera de la UE, en el marco del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que destaca como fin último de las medidas contra el fraude y las irregularidades la prevención de los riesgos derivados de la existencia de unos recursos adicionales importantes, que deben gastarse en un breve plazo de tiempo.
Por todo ello, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha estipulado las directrices destinadas a garantizar el cumplimiento coordinado de las normas comunitarias en la ejecución del PRTR, por parte de todos los organismos del Sector Público y de los agentes implicados como preceptores de fondos, con el fin de proteger los intereses financieros de la UE. Para ello, obliga a las entidades decisoras y ejecutoras a incorporar a su ámbito interno de gestión y control los principios de gestión específicos del citado Plan, entre los que se halla el 'Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés'.
De este modo, el Cabildo de Gran Canaria, como entidad ejecutora de las medidas del PRTR, ha diseñado su Plan de Medidas Antifraude, que le permitirá certificar que, en su ámbito de acción, los fondos se han utilizado conforme a las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Cabe destacar que se trata de medidas tendentes a reforzar los mecanismos ya existentes, para darles su adecuado cumplimiento.
Con ese propósito, este Plan de la Corporación Insular aborda los principales riesgos de forma específica, teniendo en cuenta los cuatro elementos fundamentales en el proceso fraudulento: prevención, detección, corrección y persecución. Además, garantiza que todas las partes interesadas comprendan y asuman sus responsabilidades y obligaciones, y que conozcan la existencia de un planteamiento coordinado para combatir y erradicar las situaciones fraudulentas, lo que constituirá, además, un importante elemento disuasorio.
Los principios, normas y actuaciones incluidas en el Plan se aplicarán a los órganos gestores del Cabildo responsables de la gestión de los diferentes subproyectos, acciones y actividades financiadas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo, y que participen en cualquier fase o proceso, de forma directa o indirecta, relacionada con los mismos.