A partir de ahí, fue la propia alcaldesa y máxima responsable del área de Recursos Humanos, Conchi Narváez, quien recaba toda la información y preceptos jurídicos y decide continuar con los procedimientos hasta conseguir dotar dichas plazas que tan necesarias son para el consistorio.
La primera edil, consciente del perjuicio que se causaba a la administración municipal, pues el recurso interpuesto se sustentaba únicamente en una cuestión formal, adoptó el criterio de avanzar y así garantizar la provisión de 30 plazas, esto es, la contratación de subinspectores, oficiales y agentes de la Policía Local.
Paralelamente a la decisión de Narváez, desde RRHH del ayuntamiento se trasladaba una consulta al Consejo Consultivo de Canarias. Mientras se estaba a la espera del dictamen del órgano autonómico, el proceso de la OPE continuaba su curso llegándose a aprobar recientemente las plazas de sub inspectores y, seguidamente, la de oficiales y agentes de Policía Local.
Y ha sido hoy cuando se recibía el dictamen del Consejo que avala la decisión tomada por la Alcaldía, texto que argumenta que el recurso interpuesto carece del peso jurídico que justifique la paralización de este procedimiento.
"Esta resolución del supremo órgano consultivo de Canarias, supone para nuestro municipio un paso trascendental para disponer de más efectivos. Esto garantizará una mayor seguridad en nuestras calles y proporcionará a la actual plantilla de la Policía Local mejores condiciones laborales ", destacó la alcaldesa tras conocer la resolución.
