El expediente, que cuenta con dos informes elaborados por equipos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, uno relativo al espacio terrestre (3.000 hectáreas) y marino (7.000 hectáreas), ha sido elaborado por la empresa pública Gesplan, en coordinación con técnicos y responsables políticos de diversas consejerías del Cabildo, Ayuntamiento de La Aldea, Gobierno de Canarias y ULPGC.
La candidatura tiene un valor por sí misma al formar parte de un espacio protegido por la legislación autonómica y ser uno de los núcleos principales de la Reserva de la Biosfera. Además, responde a una realidad ambiental -la excepcionalidad del espacio- por albergar el mayor y mejor conservado ecosistema de cardonal-tabaibal, además de otros ecosistemas de gran importancia en tan pequeño espacio (termófilo, pinar...), con un alto grado de conservación por tratarse de un territorio sin apenas comunicación, al no estar atravesado por ninguna carretera, así como por las dificultades que tiene el acceso por el mar, siendo su zona marítima una parte no menos importante del proyecto de Parque Nacional, ya que los arrecifes rocosos y sus sebadales serán los primeros espacios marinos de este tipo protegidos en Parques Nacionales.
Por último, la declaración de un Parque Nacional en Gran Canaria (en las islas ya existen otros cuatro: Taburiente, Garajonay, Teide y Timanfaya), responde a una realidad social y al anhelo de la sociedad grancanaria apoyada siempre desde el Cabildo desde hace cincuenta años por contar con un Parque Nacional, desde que se elaborara el 'Inventario de los Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Las Palmas' (1974), dirigido por Gunther Kunkell, con la colaboración del Cabildo y la asociación ASCAN y en la que situaban su propuesta en Pilancones. Posteriormente, en los 80, se elaboraría otra propuesta durante el mandato de Carmelo Artiles en la Corporación Insular.
La titularidad de los terrenos afectados por la propuesta de Parque Nacional es en su gran mayoría del Ayuntamiento de La Aldea y del Cabildo Insular, tras la adquisición el año pasado de las parcelas que subastó la Administración estatal, lo que, unido al consenso entre administraciones y organismos científicos, facilitará la tramitación de esta candidatura para lograr la definitiva declaración del Parque Nacional de Gran Canaria en el suroeste de la isla.