A lo largo de estos meses de negociación, la concejalía de Playas planteó la posibilidad de subrogar a los empleados e incluirlos en la empresa pública EMURSA, cuando la plantilla se encontraba en ERTE por causa mayor a consecuencia de la pandemia. Situación que fue ya denunciada por parte de los representantes que advirtieron de la ilegalidad del proceso ya que de darse dicha circunstancia tendría que extinguirse los puestos de trabajo mediante ERE.
A esta ambigua situación, se une ahora el anuncio de un pliego que "nada claro" cuya única finalidad es alargar la privatización del servicio.
Desde UGT-FESOC se anuncian medidas legales para revertir la situación y mantener los puestos de trabajo actuales.