El tratado supone un "importante paso para restablecer la confianza en la UE" y también permitirá "prevenir la repetición de la crisis de la deuda soberana", afirmó el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, al inicio de la ceremonia de firma.
Tras la firma de los líderes se abre ahora un proceso para la ratificación del tratado en los parlamentos nacionales, que puede durar un año, mientras que Irlanda celebrará un referéndum.
El pacto, que fue acordado en la cumbre del pasado 31 de enero, entrará en vigor el 1 de enero de 2013, si 12 países miembros de la eurozona han ratificado el documento, o el primer mes después del depósito de los instrumentos de ratificación de 12 Estados del euro.
Aunque Londres y Praga no se han sumado a la iniciativa, el pacto "sigue abierto a todos", recordó el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.
El principal objetivo del acuerdo es obligar a los países a incluir de manera vinculante y permanente en sus legislaciones o constituciones la llamada "regla de oro", destinada a limitar el déficit estructural anual (sin incluir los gastos e ingresos de carácter cíclico) al 0,5 % del PIB.
El Ejecutivo comunitario elaborará informes sobre la correcta introducción del freno de deuda en las legislaciones por parte de cada país, y si persiste el incumplimiento, uno o más firmantes del acuerdo podrán llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Los países podrán además, con independencia de los análisis de la Comisión Europea, denunciar a otro país ante esa corte.
Las multas podrán ascender, en última instancia y como máximo, al 0,1 % del PIB.
Los jefes de Estado y de Gobierno han acordado además el procedimiento que deberá seguirse para llevar ante el Tribunal de Justicia un caso de incumplimiento del tratado, que debe materializarse mediante el llamado "Trío de Presidencias" (un sistema de colaboración entre tres presidencias de turno consecutivas) para garantizar que realmente haya denuncias entre los países y no se incurra en amiguismos u obstaculizaciones.
El pacto vincula a partir del 1 de marzo de 2013 la concesión de rescates a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a países a la ratificación del pacto fiscal, y su contenido deberá ser trasladado a los Tratados de la UE en un plazo máximo de 5 años.
Los países tendrán que implantar un mecanismo automático de corrección de los desvíos de los objetivos del déficit o del camino de consolidación, así como tener en cuenta su impacto acumulativo en la deuda.
El pacto permite, no obstante, a los países desviarse de esos objetivos a medio plazo o del ajuste, pero solamente en circunstancias excepcionales como una "severa contracción económica".
Solamente los gobiernos con una deuda sustancialmente inferior al 60 % del PIB podrán alcanzar un déficit estructural de hasta el 1,0 % del PIB.
Los países con una deuda superior al 60 % del PIB deberán reducirla en una veinteava parte al año.
Los Estados miembros que no forman parte del euro podrán asistir a las reuniones cuando afectan a la competitividad de las partes firmantes, la modificación de la arquitectura global de la eurozona y las reglas fundamentales, así como en discusiones sobre cuestiones específicas del pacto.
Pero su participación se limitará a los casos en que se considere "apropiado" y se producirá "al menos una vez al año".
Las cumbres se limitarán a los socios del euro, en cambio, cuando traten "responsabilidades específicas" de los mismos, la gobernanza económica de la zona euro y sus reglas y orientaciones estratégicas sobre políticas económicas para aumentar la convergencia. Se celebrarán cuando sean necesarias y dos veces al año como mínimo.
