Una subvención de la que no sólo se beneficia La Palma sino que, además, afecta a las operaciones marítimas con Lanzarote y Fuerteventura. Motivos por los que la Cámara de Comercio convocará próximamente una reunión con los presidentes de las Cámaras de Fuerteventura y Lanzarote y a la que está previsto que asistan los senadores de las tres islas.
Mauro Fernández trasladó esta petición recientemente al senador palmero Mariano Hernández al que encomendó coordinar esfuerzos con sus iguales para hacer un frente común y solicitar al Ministerio de Fomento que no someta los intereses del empresariado a continuas prórrogas, sino que, por el contrario, incluya a las islas no capitalinas bajo esta denominación, equiparando los derechos de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura a los que ya disfrutan los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Desde la Delegación de la Cámara de Comercio y desde el Cabildo de La Palma advierten de la importancia de trabajar en la consecución de este objetivo antes de que finalice el plazo de la prórroga, fundamentalmente porque la pérdida de la conexión marítima con la Península incrementaría el precio de las operaciones de entrada y salida de mercancías, al obligar a los contenedores a hacer trasbordo en los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas antes de llegar a sus destinos finales.
Algo que además, revertiría directamente en el aumento de los precios al consumo, mermando la competitividad de las pymes palmeras y por extensión de las de Fuerteventura y Lanzarote y perjudicando gravemente el bolsillo de los consumidores de las islas.
Actualmente, la ciudad gaditana tiene dos conexiones a la semana por vía marítima con Canarias, una de ellas con La Palma a través de Trasmediterrania, línea que actualmente cubre el 70% del transporte de la producción platanera, unas 170.000 toneladas al año, a la Península.
Al respecto, Mauro Fernández cree que es necesario garantizar la permanencia de estas líneas porque "dejar desasistidas unas conexiones vitales para estas islas, sobre todo en el ámbito de la exportación de productos, supone un importante impacto económico negativo, que haría que se viesen incrementados los costes derivados de la doble insularidad, así como la pérdida de competitividad del conjunto de sectores económicos".
