La Asociación Agua para La Palma denuncia que el "inexplicable" veto del Cabildo, a través de su Consejo Insular de Aguas (CIALP), a las obras hidráulicas que realmente solucionarían los problemas, "y en cambio derrochar montañas de dinero público en otras obras más caras e ineficientes, raya en posible prevaricación, administración desleal y dejación de funciones", por lo que este colectivo ciudadano no descarta emprender acciones ante los Juzgados o ante la Fiscalía.
La asociación denuncia "el grave y constante incumplimiento de los artículos más importantes de la Ley de Aguas", como el 3, que declara "protegido" este recurso y obliga a "no desperciarla ni deteriorar su calidad", así como a "subordinarla al interés geneal" , al tiempo que deja claro que es ilegal "abusar del derecho a utilizarla ni su mal uso". O también el artículo 4, que otorga a la Administración pública "ordenar y regular los recursos hídricos con el fin de protegerlos en su calidad y en disponibilidad presente y futura", y con uno de sus principios legales el de "optimizar" el rendimiento de las aguas, a través de "la movilidad de los caudales" en el sistema insular. Asimismo, la ley obliga a compatibilizar el control público y la iniciativa privada.
Agua para La Palma se queja de que lleva más de 3 años de constantes propuestas al Cabildo, sin respuesta alguna, para que sus actuaciones se ajusten a la ley, como una intervención urgente en el Túnel de Trasvase, inacabada obra hidráulica pública que, tras más de 20 años "sin un mínimo mantenimiento, se encuentra en estado de abandono y ruina y con gigantescas pérdidas por tener tranques mal emplazados y peor ejecutados, hecho totalmente imperdonable dada su importancia porque da suministro a más de la mitad de la población palmera".
El propio presidente del CIALP, Carlos Cabrera, anunció en el año 2020 que se invertirían 2 millones de euros para su restauración, que nunca se ha llegado a materializar, y ello pese a que se trata del "mejor acuífero de Canarias, que puede solucionar de manera sostenible y para el futuro el déficit hídrico del Valle de Aridane".
La asociación ha denunciado también la filtración de aguas residuales del barrio de La Rosa (El Paso) al acuífero que alimenta el Túnel de Trasvase, debido a la falta de red de alcantarillado.
Asmismo, Agua para La Palma ha solicitado por escrito de manera reiterada al CIALP que obligue a instalar tranques hidráulicos en todas las galerías (solo 10 de 90 tienen estos cierres) para regular el caudal de salida, dado que estas captaciones subterráneas suministran el 80% del agua que se consume en la Palma. Esa solución técnica "permitiría ahorrar más del 30% de la energía eléctrica demandada en la isla al entrar en juego la fuerza de la gravedad como fuente de energía motriz, mientras que os pozos necesitan gigantescas elevaciones o impulsiones; y peor aún el consumo energético de las carísimas desaladoras instaladas tras la erupción volcánica, más las que pretenden instalar, que generan daño al medio ambiente y los ecosistemas".
Esta solución técnica de los cierres hidráulicos, según la asociación, existe desde hace más de 20 años y está probada su eficacia, como ha ocurrido en las Haciendas de Argual y Tazacorte en la Caldera de Taburiente, "lo que les está permitiendo tener aumentos del caudal de agua en pleno verano por las reservas creadas desde octubre del año pasado".
Por tanto, Agua para La Palma considera "evidente que, de haberse realizado el Túnel de Trasvase, los cierres hidráulicos, la modernización de conducciones con tuberías de los canales públicos y un plan de buena gestión de los sistemas de riego, tendríamos un ahora un agua bien gestionada para las próximas generaciones a la décima parte de los precios actuales".
En lugar, el CIALP "ha invertido cientos de millones de euros en las últimas décadas para lograr agua cada vez más cara, escasa y mala, que solo asegura el máximo beneficio para una pequeña élite de especuladores que nunca antes habían ganado tanto dinero". Y esta "desastrosa" gestión es el origen de "las penurias que a día de hoy pasan los agricultores para mantener sus cultivos".
LA FUENTE SANTA: "ILEGALIDAD Y OBSTINACIÓN DEL CABILDO"
Junto a estos hechos, la asociación también advierte de que el CIALP "se apropia de competencias que tienen asignadas por la Ley de Aguas otras instituciones públicas, como en el caso de los ayuntamientos en relación a las aguas termales". Por lo tanto, este colectivo ciudadano concluye que "todas las iniciativas o proyectos tomadas desde el Cabildo sobre la Fuente Santa carecen de soporte legal; su falta de proyectos viables y sus enfrentamientos con otras instituciones públicas, como el Ministerio de Costas, nos están privando de realizar el que de verdad sería más viable y rentable para la economía de la Palma, el Balneario Históricomedicinal presentado por Termalismo de La Palma".
Al respecto, Agua para La Palma celebra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula la expropiación de los terrenos para el proyecto de la Fuente Santa, lo que muestra cómo el Cabildo "se empeña en hacer un parque acuático infringiendo todas las leyes habidas y haber", y aún así ha anunciado que recurrirá este fallo judicial, "persistiendo en esta obstinación, y con el gasto de más recursos públicos en la defensa jurídica de este proyecto".
Como conclusión, para esta asociación, "este cuadro de despropósitos descrito es el fondo de la causa por lo que esta isla está sumida en la absoluta tristeza, con pérdida de población, envejecimiento, éxodo de la población más joven y preparada", un panorama "rematado por la crisis volcánica y cómo ha gestionado esta emergencia el Cabildo".