El expediente de expulsión se abrió el pasado 3 de abril y se acusa a Morales de alterar el orden público en una protesta que se originó ante la sede del Partido Popular (PP) lanzaroteño contra los permisos concedidos por el Gobierno central a Repsol para iniciar los sondeos en busca de petróleo frente a las costas de las Islas, durante una visita del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
Molina pone de manifiesto que el expediente cuenta con "todas las garantías jurídicas pertinentes" y señala que la expulsión de Morales no es inmediata, ya que Morales "puede acogerse a los recursos que caben en su defensa". Asimismo añade que "en ningún caso se le ha dado un trato discriminatorio en relación con otros ciudadanos, pero debe someterse al derecho y la Ley como cualquier otro".
El Subdelegado indica que el activista se encuentra pendiente de una resolución judicial por atentado a la autoridad, lo que condiciona la materialización de la orden de expulsión. "Debemos también informar de que el señor Morales ha sido objeto de denuncia por malos tratos en relación violencia de género con su correspondiente orden de alejamiento", concluye.
