El Ayuntamiento aún no ha decidido si acepta o no esos honorarios aunque impugnó los honorarios presentados por el procurador en el mismo procedimiento por considerarlos excesivos. Esa impugnación la deberá decidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el criterio que adopte será el que sirva para aceptar o rechazar el importe presentado por el abogado.
Hay que recordar que Camero ejerció de forma simultánea como secretario en el Ayuntamiento y en la sociedad mixta Aparcamientos Parque Islas Canarias, formada por el Ayuntamiento y los propietarios del Arrecife Gran Hotel. Por este caso fue destituido de su cargo por el Ministerio de Administraciones Públicas, al considerar que había incurrido en una falta muy grave por esa doble condición y en una grave por informar dentro del procedimiento para conceder la licencia.
El entonces secretario municipal emitió un informe por el que aprobaba la concesión a la empresa del aparcamiento de 3.188 metros cuadrados de viales de dominio público para completar los terrenos necesarios para hacer la obra, sin licitación y mediante procedimiento negociado. Uno de los motivos de la anulación de la licencia de obra fue precisamente que el Tribunal consideró que se debía haber hecho un cambio en el Plan General para poder incluir esos viales públicos en el proyecto.
Los tribunales anularon la licencia del aparcamiento, aunque el Ayuntamiento solicitó la inejecutabilidad de la sentencia, que también fue rechazada por la Justicia. En estos momentos los tribunales deben decidir si aceptan la solicitud de una nueva licencia que han hecho los promotores o por el contrario consideran que el aparcamiento debe cerrarse, demolerse o cualquier otra solución. Camero ya no representa al Ayuntamiento en este asunto.
En la minuta presentada por el abogado se factura por cuatro procedimientos diferentes: el primero es el recurso contencioso administrativo que se presentó en 2002 y del que sólo se facturan las actuaciones posteriores a marzo de 2005 que correspondería al 25 por ciento del total. Por este concepto se facturan 22.000 euros.
Los otros tres procedimientos son el incidente de nulidad frente a la sentencia condenatoria al Ayuntamiento, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que suman 30.000 euros, y por último el incidente para declarar la imposibilidad de ejecutar la sentencia, encargado este último cuando estaba en la alcaldía el socialista Enrique Pérez Parrilla (los otros por Isabel Déniz) y que asciende a 90.000 euros.
Sobre un total de 142.000 euros, el abogado aplica una reducción del 24 por ciento por el resultado del pleito, es decir por no ser favorable al Ayuntamiento. Los otros criterios usados para calcular la minuta son la relevancia económica del pleito y los honorarios aprobados por los colegios de abogados canarios.
