La operación investiga presuntos fraudes en servicios y concursos prestados en los Ayuntamientos de San Bartolomé, La Oliva (Fuerteventura) y Arrecife, donde ejercía o ejerció como interventor Carlos Sáenz, uno de los detenidos en esta operación, que se encuentra en prisión provisional, junto al empresario José Vicente Montesinos, acusados de varios delitos, como malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y falsedad en documento público. En la operación también se detuvo a Javier Betancort y José Miguel Rodríguez, ex ediles de hacienda de San Bartolomé y Arrecife, que fueron puestos en libertad con cargos.

En el Ayuntamiento de Arrecife se investigan al menos 25 expedientes por los que se encargaba la redacción de pliegos de condiciones para adjudicar posteriormente servicios o contratos municipales menores de 18.000 euros. Esos pliegos, aprobados por Intervención, se encargaban a empresas externas elegidas entre tres sociedades cuyo administrador siempre era la misma persona. En algunos casos no se habría llegado ni siquiera a elaborar esos pliegos o a adjudicar después los servicios o suministros.