Del mismo modo, se solicita que se inicie el procedimiento necesario para requerir al Estado Español que cumpla con el debido procedimiento y las obligaciones establecidas en ambas directivas, sobre todo, para proteger la inmensidad de los valores naturales, en la zona marítima donde se tiene previsto desarrollar prospecciones petrolíferas por parte de Repsol.
Según recoge la denuncia, tanto la Autorización como el Programa de Trabajos incluidos en la misma, incumplen los requisitos de procedimientos establecidos en dos normas de la Unión.
La vulneración de los objetivos esenciales de la Directiva 2011/92, la cual establece el derecho a una evaluación medioambiental con participación pública, es clara al menos en tres sentidos:
Falta de consideración previa por parte de las autoridades correspondientes de la necesidad o no de Evaluación de Impacto Ambiental antes del otorgamiento de la Autorización
Fraccionamiento del Programa de Trabajos
No consulta con el público en ningún momento del proceso
Según el Artículo 2, apartado 1 de la Directiva 2011/92 "los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos".
Por otra parte, se produce una vulneración del objeto de la Directiva 92/43, que obliga a la realización de una "evaluación adecuada" de impacto ambiental para planes o proyectos que puedan afectar de forma apreciable a ciertos lugares entre los que se encuentra la zona afectada por el Programa de Trabajos.
En esta zona, según se recoge en la denuncia, se localizan importantes poblaciones de especies de vegetales y animales marinos, protegidas por esta última directiva. Además, en las costas adyacentes de Fuerteventura y Lanzarote (20 a 30 kilómetros de la zona afectada) hay Espacios Naturales Protegidos por la legislación canaria y estatal (5 en Fuerteventura y 3 en Lanzarote, además de un Parque Nacional y una Reserva Marina de pesca); o por la europea (Lugares de Interés Comunitario y Zepas que constituyen espacios de la Red Natura 2000 y que abarcan parte del litoral o incluso sectores marinos).
