"Cuando el presidente del Cabildo —señala Alternativa— afirma que sería muchísimo mayor el perjuicio para la salud pública dejar sin suministro de agua potable al 80 por ciento de la población lanzaroteña sólo pretende buscar el favor de la población y eludir la falta de actuación y responsabilidad de los responsables de Inalsa".
Alternativa señala que los vertidos en un proceso de desalación son inevitables pero existe una normativa vigente que regula esta técnica para que sea lo menos perjudicial posible para el litoral, y esa técnica no se cumple, y eso es lo que denunció la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun).
Los vertidos deben realizarse a través de la colocación o bien de un emisario submarino que conduzca la salmuera a una zona del litoral en la que se produzca un menor impacto, o bien su vaciado en una balsa contenedora ya que la salmuera contiene elementos perjudiciales para el litoral. En la salmuera hay presencia de una cierta cantidad de productos químicos residuales empleados en el proceso, como biocidas, anti incrustantes, antiespumantes, sólidos en suspensión y detergentes que perjudican el entorno marino.
Alternativa Ciudadana recuerda que ya indicó la necesidad de implantar estos sistemas en las alegaciones al Plan Hidrológico de Lanzarote y también estima que el Consejo Insular de Aguas ha tenido tiempo suficiente para implantar este método desde que conoció la demanda de la Apmun.
"Esta tardanza —aseguran—en ponerle remedio a un problema de tal calado sólo demuestra la incompetencia de las personas que ejecutan la gestión del Consejo Insular de Aguas y evidencia la falta de prioridad en la inversión para mejora de infraestructuras, dando preferencia a sus intereses personales en detrimento del interés público".
Por otra parte, esta situación se agrava si se tiene en cuenta que en la Isla además de las desaladoras pertenecientes a Inalsa existen otras 80 desaladoras ilegales que vierten su salmuera directamente al mar o en la red de saneamiento y que no se someten a ningún control. La responsabilidad de la existencia de estas desaladoras recae sobre el Consejo Insular de Aguas que conoce esta situación y no ha emprendido ninguna acción encaminada a su desaparición.
