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01 May

Urdangarin ofrece declararse culpable para evitar la cárcel

Según informa elmundo.es y elpais.es el abogado de Urdangarin ha planteado a la Fiscalía la disposición de su cliente a declararse culpable de los hechos delictivos que se le imputan a cambio de que le pidan una condena inferior a dos años con lo cual, al carecer de antecedentes penales, no ingresaría en prisión. Tres cuartos de lo mismo ha hecho el letrado de su socio Diego Torres. Aunque cada una de las dos defensas –Pascual Vives y González Peeters– se ha dirigido por separado al Ministerio Público, lo cierto es que se trata de una acción concertada. Tanto uno como otro justiciable se comprometen a devolver el dinero público distraído en Valencia y Baleares. Anticorrupción sólo se plantearía negociar si se le indica dónde están los fondos evadidos a paraísos fiscales.

Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres se han puesto en contacto en las últimas semanas con la Fiscalía Anticorrupción para trasladar, de manera aparentemente independiente pero coordinada en el fondo, el mensaje de que están dispuestos a declararse culpables mediante un acuerdo de conformidad a cambio de eludir su ingreso en prisión.

Mientras el Ministerio Público y la Policía Judicial continúan desentrañando la telaraña societaria y contable en el extranjero del duque de Palma y de su otrora íntimo amigo, sus respectivos abogados han realizado una aproximación a la Fiscalía al considerar que, con los elementos que atesoran los investigadores, el ingreso en la cárcel de sus clientes es "irreversible".

Este martes, Manuel González Peeters ha afirmado que nunca ha ofrecido pacto alguno a la Fiscalía anticorrupción, pero no ha querido precisar si sopesa con su cliente esa posibilidad. "Yo no he tenido ninguna reunión con la Fiscalía", se ha limitado a afirmar el abogado de Diego Torres en declaraciones a la agencia Efe. El letrado no ha querido pronunciarse sobre si baraja esa posibilidad dentro de su estrategia de defensa.

El principal delito que les atribuye a ambos el Ministerio Público, el de malversación de caudales públicos por quedarse con la mayoría de fondos que les otorgaron los gobiernos autonómicos balear y valenciano para la organización de una serie de ciclos de conferencias, tiene una pena que oscila entre los tres y los seis años.

Por lo que, aun en el supuesto de que fueran condenados en su variante más leve y pese a que ninguno de los dos cuenta con antecedentes penales, ingresarían en prisión.

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