La vicepresidenta ha recordado que se trata de "una consulta convocada para la misma fecha" que la que ya fue suspendida por el Constitucional, "con la misma pregunta, las mismas papeletas y las mismas urnas"; además de no contar con ninguna administración electoral que la respalde y estar pilotada por "quienes defienden un resultado concreto".
El recurso de inconstitucionalidad
En cuanto al recurso, Sáenz de Santamaría ha explicado que incluye una solicitud para "suspender las actividades" promovidas por la Generalitat para celebrar la consulta y cualquier otra que pretenda realizar en los próximos días "para la preparación de la misma".
Y lo hace después de que el órgano consultivo haya determinado que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar la convocatoria, así como "cualesquiera otras actuaciones -con independencia de su naturaleza- en relación con dicho proceso".
La vicepresidenta ha resumido algunos de los argumentos esgrimidos por el Consejo de Estado para avalar la impugnación de una consulta y ha recordado que no hay censo, que no hay administración electoral y que lo organizan voluntarios "captados, seleccionados e instruidos por los promotores".
"El hecho de que la consulta se vaya a hacer con voluntarios eleva la gravedad del asunto porque así se evita la neutralidad de los participantes y atenta contra la igualdad", ha defendido.
Por los derechos de los catalanes
Con su recurso, ha asegurado que el Gobierno pretende asegurar la vigencia del ordenamiento jurídico constitucional y el Estado de Derecho, proteger la democracia, garantizar los derechos de los catalanes y, especialmente, los de los funcionarios a los que considera que Mas pretende "colocar a la intemperie" sin darles "ninguna cobertura legal".
"Recurriremos porque la consulta alternativa es contraria a los derechos de los catalanes", ha advertido Sáenz de Santamaría. Y es que precisamente uno de los principales motivos argumentados por el Gobierno es "proteger los derechos de los catalanes", en especial, de los funcionarios públicos ya que, ha recordado, esa es "la obligación del Gobierno".
La vicepresidenta ha explicado también que es necesario "proteger la democracia, la igualdad y la libertad" de Artur Mas, a quien acusó de "no querer asumir su responsabilidad" y de pretender delegar la ilegalidad de su proyecto en los ciudadanos.
"Espero que el presidente de la Generalitat sea muy consciente de que, si en el primer referéndum incumplía la Constitución, en el segundo proceso vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos a los que representa y gobierna", ha sentenciado.
Por otro lado, ha descartado tomar medidas que afecten a la financiación de Cataluña a pesar de los incumplimientos de la Generalitat, cuyo comportamiento "ya ha perjudicado bastante a los derechos de los catalanes".
