A juicio de los querellantes, las mercantiles Marine Instruments S.A. y Liuniaski S.L. -que tenían en fondos de inversión 683.458,56 euros y 2,54 millones, respectivamente-, "hay hechos que podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales al entender que los querellados, como consejeros de Banco Madrid, pusieron la entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero".
Esto lo hicieron, según la demanda, "suprimiendo o minimizando los controles internos a que venían obligados, no solo representándose y asumiendo la posibilidad de que fuera utilizada para mover u ocultar fondos de origen delictivo, sino incluso ofreciendo la entidad para dichos fines".
Andreu asume la investigación
El escrito de estos clientes de Banco Madrid relata los motivos por los que el Banco de España decidió intervenir la entidad bancaria, a raíz de la propuesta de actuación del Departamento del Tesoro de EE.UU., respecto a su matriz, la Banca Privada de Andorra, al considerarla una institución financiera "sometida a primer orden de preocupación en materia de blanqueo de capitales".
Los querellantes repasan las circunstancias que llevaron al concurso de Banco de Madrid y a la situación de "pánico y desconfianza" generada en sus clientes, que provocó una fuga de depósitos entre los días 10 y 13 de marzo por valor de 124 millones de euros. La entidad está ahora en proceso de liquidación.
Andreu entiende que los hechos podrían ser constitutivos de delito y podrían haber causado numerosos perjuicios, "no solo a los depositantes e inversores, como los que ahora se han querellado, sino a la propia entidad y a la economía nacional en su conjunto, dando así lugar a la atribución competencial a favor de este juzgado".
Por todo lo anterior, la Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que la competencia para investigar los hechos es del propio tribunal, por lo que Andreu ha aceptado investigar los hechos, si bien se ha dirigido antes a la fiscalía Anticorrupción para confirmar si está tramitando diligencias sobre estos mismos hechos para evitar duplicidades.
La Fiscalía Anticorrupción ya abrió sus propias diligencias de investigación el pasado 13 de marzo a raíz de la denuncia que ese mismo día le presentó el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) tras detectar operaciones irregulares que podrían indicar que la entidad ayudó al blanqueo de capitales.
