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21 Oct

La Guardia Civíl detiene al tesorero de Convergència, Andreu Viloca

Nacional/ Agentes de la Guardia Civil han detenido este miércoles en Barcelona al tesorero de CDC, Andreu Viloca, por el presunto cobro de comisiones dentro de la Operación Petrum, en la que se acusa a Convergència de cobrar comisiones del 3%, en una operación en la que también se ha detenido a seis empresarios y al director general de la empresa pública Infraestructures.cat, y se han efectuado registros en dos ayuntamientos catalanes y varias empresas constructoras.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye indiciariamente al tesorero de CDC un total de seis delitos relacionados con la corrupción: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

Según han informado a Efe fuentes próximas al caso, también se ha detenido a seis empresarios sospechosos de haber pagado comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas.

Según fuentes de la investigación citadas por Europa Press, la operación ha arrancado a las 7:20 horas de la mañana y también va dirigida, entre otros, contra el directivo de Copisa Xavier Tauler, el representante de Rogasa Juan Luis Romero Gamero y el directivo del Grupo Soler Jordi Soler, Antonio García Bragado, Sergi Lerma y un sexto de apellido Bassols. Todos ellos han sido detenidos a primera hora de la mañana.

Entre los arrestados, figura también el director general de la empresa Infraestructures.cat, Josep Antoni Rossell, organismo de la Generalitat que se ocupa de las obras públicas, al que también se investiga por su participación en el cobro de comisiones del tres por ciento.
Registros en Convergència, ayuntamientos y empresas

Asimismo, se están efectuando una veintena de registros, en el marco de esta operación, que investigan la Fiscalía Anticorrupción con los fsicales Fernando Bermejo y José Grinda y el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).

La operación, que sigue abierta, ha supuesto por el momento 11 registros: el de la sede de CDC, el de los ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y el de ocho empresas del ámbito de la construcción, que tienen en común haber sido donantes de Convergència o de su fundación.

El registro de las sede de CDC ha empezado pasadas las 10:00 horas de la mañana para inspeccionar varias dependencias, además del despacho de Andreu Viloca, que llevan a cabo agentes de la Guardia Civil en presencia también de los fiscales anticorrupción.
Registros en CDC y su fundación en agosto

El pasado 28 de agosto, en el marco de la llamada Operación Petrum 2, la Guardia Civil también llevó a cabo una serie de registros en la sede central de Convergència, en su fundación, Catdem, en Barcelona y en cuatro ayuntamientos catalanes en el proceso de instrucción de un caso de presunta corrupción por pago de comisiones del 3% de la constructora Teyco al partido en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona).

En aquella ocasión, la Guardia Civil se llevó numerosas cajas del despacho de Viloca, administrador de la fundación de CDC y tesorero del partido. El partido entregó su contabilidad y los investigadores hicieron una copia del ordenador del administrador y de varios expedientes. Asimismo, se examinaron los correos electrónicos del extesorero de CDC Daniel Osàcar.

Aquella investigación se inició a raíz de la adjudicación a Teyco del aparcamiento de Filadors en Torredembarra, licitado en 2009, cuando esta localidad tarraconense estaba gobernada por el alcalde Daniel Massagué, entonces en CDC -se dio de baja del partido a raíz de su imputación por el caso Efial-.

Las pesquisas se centraban en saber el origen de los 1,4 millones de euros que supuestamente cobró Massagué de la familia Sumarroca y que se formalizaron a través de siete sociedades distintas hacia dos empresas del exalcalde, Maes Panaderos y la inmobiliaria Daloi y a día de hoy tratan también de esclarecer si existe una trama organizada de comisiones pagadas a CDC por parte de empresas beneficiarias de contratos públicos.

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