Sin embargo, la sentencia no tendrá efecto sobre las regularizaciones fiscales realizadas al amparo de la amnistía fiscal ahora anulada por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica.

El pleno del Constitucional ha estimado así por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra la disposición adicional primera del Real-Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.

El objetivo del Gobierno era recaudar con esta medida 2.500 millones de rentas no declaradas permitiendo a aquellas personas físicas y jurídicas que afloraran este dinero tributar con un "gravamen especial" del 10%.

En sus fundamentos jurídicos, el Tribunal Constitucional entiende que la amnistía fiscal "ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 de la CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad".