La prisión de Brieva, situada a 7 kilómetros de la ciudad de Ávila y en la que cumplió condena el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, era una de las cárceles que se barajaban para el ingreso de Urdangarin. Se trata de una cárcel de mujeres, aunque tiene un módulo, el mismo en el que estuvo Roldán, que será habilitado para el marido de la infanta.

Se construyó en 1989, y con 43.540 metros cuadrados, es un centro de pequeño tamaño con 162 celdas y 18 complementarias, según datos de Instituciones Penitenciarias.

Por su parte, su exsocio Diego Torres ingresará en la prisión de Can Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). Por el momento, todavía no ha acudido al centro penitenciario, aunque el plazo para hacerlo finalizará a las 19.00 horas.

El miércoles pasado, un día después de que el Supremo confirmara la sentencia de este caso de corrupción, la Audiencia de Palma, el tribunal que les condenó en primera instancia, les entregó en mano el mandamiento judicial por el que ordenaba sus ingresos en prisión y en el que les daba cinco días para presentarse voluntariamente, plazo que vencía este lunes.

Protocolo de entrada
Una vez en prisión, lo habitual es que Urdangarin pase por todos los trámites del primer ingreso. En primer lugar, se le hace una ficha y es reconocido por el servicio médico, además de ser entrevistado por un equipo multidisciplinar formado por trabajadores sociales y psicólogos que le evalúan.

Después, lo normal es que el preso pase la primera noche en el módulo de ingresos y después se le traslade al módulo más adecuado. Probablemente, y dadas sus características, Urdangarin irá al conocido como "de respeto", donde el interno, al que se clasifica en segundo grado, acepta unas normas de comportamiento e higiene y de organización de la vida diaria en esa instalación.

En cualquier caso, la prisión puede analizar si la cárcel elegida por Urdangarin es la más apropiada y, acogiéndose en el artículo 75 del Reglamento Penitenciario, Instituciones Penintenciarias puede decidir cambiarle si considera que no es la idónea para salvaguardar la seguridad del interno o el buen orden del centro.

El Tribunal Supremo ratificó el martes pasado la condena inicial de la Audiencia de Palma por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, pero le absolvió de falsedad en documento público, con lo que rebajó en cinco meses la pena de privación de libertad.