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11 Ago

Política Territorial alcanza cuatro nuevos acuerdos que evitan conflictividad con Canarias, Cataluña, Galicia y Región de Murcia

Madrid/ El Ministerio de Política Territorial ha alcanzado cuatro nuevos acuerdos con Canarias, Cataluña, Galicia y la Región de Murcia en normas sobre las que existían discrepancias competenciales y que han evitado recursos ante el Tribunal Constitucional.

Los cuatro acuerdos de julio, como los alcanzados en meses anteriores, se han conseguido abriendo un proceso de negociación impulsado por el Ministerio de Política Territorial en las comisiones bilaterales de cooperación, a través artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, instrumento jurídicamente habilitado para la colaboración con las comunidades autónomas.

Los últimos acuerdos, más los quince de meses anteriores, suman 19 en lo que va de año. Desde el inicio de la XIV Legislatura, se han alcanzado un total de 109 acuerdos finales totales y 8 acuerdos finales parciales (con independencia de que el acuerdo de inicio se haya firmado o no en la presente Legislatura), es decir, un total de 117 acuerdos finales.

Los cuatro últimos acuerdos

El Ministerio de Política Territorial, en su voluntad de diálogo permanente con las comunidades autónomas, ha logrado los últimos acuerdos en el mes de julio, que resuelven los conflictos en las siguientes normas:

- Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias.

El acuerdo alcanzado se basa en los siguientes compromisos y consideraciones:

a) En relación con la disposición final tercera, ambas partes coinciden en que la expresión "cualquier otro acto de control preventivo municipal e insular" se entiende referida exclusivamente a los títulos habilitantes en materia territorial y urbanística de competencia insular o municipal, y en ningún caso a títulos ambientales.
b) Respecto a la disposición final séptima, apartado treinta y ocho, ambas partes acuerdan interpretar la modificación operada en la Disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización Turística de Canarias en el sentido de que se refiere únicamente a los planes pendientes de aprobación, pero que cuentan con memoria ambiental en vigor.
c) En relación con la disposición final séptima, apartado quince, ambas partes acuerdan interpretar la expresión "carácter provisional y limitado" del artículo 168.4 de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, modificado por este apartado de la Ley 5/2021, en el sentido de que la Evaluación Ambiental estratégica de las normas sustantivas transitorias de ordenación solo podrá ser simplificada si la suspensión de planeamiento cumple los requisitos del artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.

- Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (se trata de dos acuerdos finales, uno promovido por Cataluña y otro por Galicia, por lo que se ha conseguido un acuerdo sobre la misma materia con dos comunidades autónomas distintas)

El acuerdo se basa en los siguientes compromisos y consideraciones:

En relación con el artículo 46 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre ((TRLGDCU), modificado por el apartado cuarto del artículo 82 del Real Decreto-ley 24/2021, ambas partes acuerdan que el Gobierno del Estado realizará las actuaciones procedentes tendentes a la modificación de su apartado 9 así como a añadir un nuevo apartado 10 a fin de garantizar las competencias de las comunidades autónomas en materia de protección de los consumidores, todo ello con el tenor establecido en el acuerdo.

Lo mismo ocurre con los artículos del TRLGDCU 49, apartado 1, relativo al régimen sancionador; artículo 0, relativo a las sanciones accesorias; artículo 51, apartado 7; artículo 52, apartados 6 y 7; artículo 52 bis, apartados 1, 3, 5 y 6; y el punto segundo del epígrafe «Instrucciones para su cumplimentación», letra A del Anexo I; todos ellos modificados por el artículo 82 del Real Decreto-Ley 24/2021. Ambas partes acuerdan, en todos esos apartados, que el Gobierno del Estado realizará las actuaciones procedentes tendentes a la modificación en los términos fijados en el acuerdo.

- Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022.

El acuerdo se refiere al artículo 59 de la Ley 1/2022, de 24 de enero, que modifica la Ley 4/1991, de 26 de diciembre, de establecimiento y fijación del Recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas adicionando dos nuevos artículos, 4 y 5, dos disposiciones transitorias y una disposición final segunda a la Ley 4/1991, de 26 de diciembre. Ambas partes acuerdan que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia promoverá la correspondiente modificación legislativa para derogar estos preceptos introducidos por el citado artículo 59 de la Ley 1/2022. Asimismo, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia incluirá en el desarrollo reglamentario los aspectos procedimentales del establecimiento y fijación del recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas.

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