En el caso concreto de Canarias, se trata de cuatro proyectos, cuyas inversiones suman 11,7 millones de euros y donde se concederán subvenciones por 3,7 millones de euros. Están ubicados en Las Palmas de Gran Canaria (dos proyectos) y Agüimes, en la provincia de Las Palmas, y en La Frontera, en Santa Cruz de Tenerife.
Gracias a estos proyectos se mantendrán 12 empleos y se crearán otros 32 nuevos puestos de trabajo.
Estas ayudas contribuyen al equilibrio económico interterritorial y al crecimiento económico inclusivo y sostenible mediante la financiación de proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, fomentando la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la UE.

 

La ordenación del espacio marítimo permite analizar y organizar las actividades humanas en las zonas marinas. En el contexto de la Política Marítima Integrada de la UE, surge la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. En España esta Directiva se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico como un desarrollo reglamentario de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino (el Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo).

Los POEM deben servir para garantizar la sostenibilidad de las actividades humanas en el mar y, al mismo tiempo, facilitar el desarrollo de los sectores marítimos y la consecución de los objetivos que dichos sectores se han fijado, con especial atención a aquellos establecidos para cumplir los compromisos del Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París, la Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE y la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad a 2030, entre otros.

ZONAS DE USO PRIORITARIO Y ZONAS DE ALTO POTENCIAL
En el proceso de elaboración de los POEM se han identificado un conjunto de Zonas de Uso Prioritario (ZUP) para actividades de interés general y otras Zonas de Alto Potencial (ZAP) donde priman las actividades sectoriales que requieren ocupación específica y su potencial uso en tiempos futuros.

Las ZUP comprenden la protección de la biodiversidad; los yacimientos de áridos destinados a la protección costera ambientalmente evaluados; la protección del patrimonio cultural; la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i); la defensa nacional y la seguridad en la navegación.

Las ZAP, por su parte, se refieren a la conservación de la biodiversidad; los yacimientos de áridos que podrían destinarse a la protección costera; la I+D+i; la actividad portuaria; el desarrollo de la energía eólica marina y la acuicultura marina.

En cada una de estas zonas se establecen disposiciones para facilitar la coexistencia del uso prioritario o de alto potencial con otros usos y actividades. Esta ordenación se ha realizado a partir de criterios de coexistencia sostenible, criterios para la integración de las interacciones tierra-mar, y otros.

PROCESO DE ELABORACIÓN
En el proceso de elaboración de los POEM se ha usado toda la información generada por las estrategias marinas de España y se ha aplicado un enfoque ecosistémico, mediante el cual no se compromete la consecución del buen estado ambiental del medio marino.

El trabajo se ha basado en la mejor evidencia científica disponible gracias al trabajo de los equipos del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC, del Ministerio de Ciencia e Innovación) y del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana).

La aprobación de estos planes ha precisado un amplio proceso de coordinación interadministrativa, en colaboración con todos los ministerios, así como con otras administraciones, en especial las comunidades autónomas. De igual modo, se ha fomentado la amplia participación de los agentes interesados y de la sociedad civil, mediante procesos de participación y consultas públicas.

El sector pesquero ha estado presente en todo el proceso de elaboración de los planes. Se han mantenido reuniones de alto nivel y técnicas e incluso se asistió a jornadas convocadas por el sector. Además, se abrió un canal de comunicación continuo y la información recibida se analizó conjuntamente con el MAPA y el IEO.

Los planes de ordenación del espacio marítimo se han sometido a evaluación ambiental estratégica, conforme a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Esta evaluación ha concluido mediante la Resolución de 2 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración ambiental estratégica del proyecto de los planes de ordenación del espacio marítimo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2022.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
La información geográfica utilizada y generada en los POEM se puede consultar, a la escala y precisión adecuadas, en el sistema de información INFOMAR, que además aglutina el conjunto de información generada por las administraciones públicas, en el ámbito de la aplicación de las directivas europeas con incidencia en el medio marino: http://www.infomar.miteco.es/visor.html.

El acuerdo del 23 de agosto de 2022 sobre declaración de zona afectado gravemente por una emergencia de protección civil, incluía los territorios que sufrieron incendios forestales en los meses de junio, julio y agosto de 2022, en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja. 

El importe total máximo de las subvenciones de esta convocatoria es de 4.363.037,09 euros para financiar los proyectos directamente relacionados con los siniestros que ejecuten los ayuntamientos, los cabildos y consejos insulares, las diputaciones provinciales o las comunidades autónomas uniprovinciales, las comarcas y las mancomunidades, en los términos municipales y núcleos de población, relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal. 

Las entidades locales afectadas podrán presentar sus solicitudes hasta el día 30 de enero de 2023.

Acuerdo del 27 de junio

El acuerdo de 27 de junio de 2022 sobre declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, incluía los territorios que sufrieron incendios forestales en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.
El importe total máximo de las subvenciones a que se refiere esta convocatoria es de 1.018.017,34 euros. euros para financiar los proyectos directamente
relacionados con los siniestros que ejecuten los ayuntamientos, los cabildos y consejos insulares, las diputaciones provinciales o las comunidades autónomas
uniprovinciales, las comarcas y las mancomunidades, en los términos municipales y núcleos de población, relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal.
Las entidades locales afectadas podrán presentar sus solicitudes hasta el día 26 de enero de 2023.

Los plazos se reducen a un tercio

El Ministerio de Política Territorial ha reducido los plazos de tramitación de las ayudas a las entidades locales por catástrofes naturales a un tercio del tiempo
empleado en anteriores legislaturas. Si en 2015 pasaban 461 días hasta la publicación de la convocatoria, en 2022 se ha reducido el periodo de tramitación
a 148 días. Es decir, los plazos se han reducido a más un tercio, a pesar de que ha habido que afrontar en este periodo la gestión de pandemia y las
consecuencias económicas de la guerra.
Una reducción de tiempo considerable, cumpliendo así el objetivo anunciado por la ministra de Política Territorial para agilizar las subvenciones y que lleguen
antes a las entidades locales, para que puedan reparar los daños producidos lo antes posible, a pesar de que hay un plazo necesario de presentación de
solicitudes, subsanación de errores, comprobación, estimación de daños, etc

Los últimos acuerdos, más los quince de meses anteriores, suman 19 en lo que va de año. Desde el inicio de la XIV Legislatura, se han alcanzado un total de 109 acuerdos finales totales y 8 acuerdos finales parciales (con independencia de que el acuerdo de inicio se haya firmado o no en la presente Legislatura), es decir, un total de 117 acuerdos finales.

Los cuatro últimos acuerdos

El Ministerio de Política Territorial, en su voluntad de diálogo permanente con las comunidades autónomas, ha logrado los últimos acuerdos en el mes de julio, que resuelven los conflictos en las siguientes normas:

- Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias.

El acuerdo alcanzado se basa en los siguientes compromisos y consideraciones:

a) En relación con la disposición final tercera, ambas partes coinciden en que la expresión "cualquier otro acto de control preventivo municipal e insular" se entiende referida exclusivamente a los títulos habilitantes en materia territorial y urbanística de competencia insular o municipal, y en ningún caso a títulos ambientales.
b) Respecto a la disposición final séptima, apartado treinta y ocho, ambas partes acuerdan interpretar la modificación operada en la Disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización Turística de Canarias en el sentido de que se refiere únicamente a los planes pendientes de aprobación, pero que cuentan con memoria ambiental en vigor.
c) En relación con la disposición final séptima, apartado quince, ambas partes acuerdan interpretar la expresión "carácter provisional y limitado" del artículo 168.4 de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, modificado por este apartado de la Ley 5/2021, en el sentido de que la Evaluación Ambiental estratégica de las normas sustantivas transitorias de ordenación solo podrá ser simplificada si la suspensión de planeamiento cumple los requisitos del artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.

- Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (se trata de dos acuerdos finales, uno promovido por Cataluña y otro por Galicia, por lo que se ha conseguido un acuerdo sobre la misma materia con dos comunidades autónomas distintas)

El acuerdo se basa en los siguientes compromisos y consideraciones:

En relación con el artículo 46 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre ((TRLGDCU), modificado por el apartado cuarto del artículo 82 del Real Decreto-ley 24/2021, ambas partes acuerdan que el Gobierno del Estado realizará las actuaciones procedentes tendentes a la modificación de su apartado 9 así como a añadir un nuevo apartado 10 a fin de garantizar las competencias de las comunidades autónomas en materia de protección de los consumidores, todo ello con el tenor establecido en el acuerdo.

Lo mismo ocurre con los artículos del TRLGDCU 49, apartado 1, relativo al régimen sancionador; artículo 0, relativo a las sanciones accesorias; artículo 51, apartado 7; artículo 52, apartados 6 y 7; artículo 52 bis, apartados 1, 3, 5 y 6; y el punto segundo del epígrafe «Instrucciones para su cumplimentación», letra A del Anexo I; todos ellos modificados por el artículo 82 del Real Decreto-Ley 24/2021. Ambas partes acuerdan, en todos esos apartados, que el Gobierno del Estado realizará las actuaciones procedentes tendentes a la modificación en los términos fijados en el acuerdo.

- Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022.

El acuerdo se refiere al artículo 59 de la Ley 1/2022, de 24 de enero, que modifica la Ley 4/1991, de 26 de diciembre, de establecimiento y fijación del Recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas adicionando dos nuevos artículos, 4 y 5, dos disposiciones transitorias y una disposición final segunda a la Ley 4/1991, de 26 de diciembre. Ambas partes acuerdan que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia promoverá la correspondiente modificación legislativa para derogar estos preceptos introducidos por el citado artículo 59 de la Ley 1/2022. Asimismo, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia incluirá en el desarrollo reglamentario los aspectos procedimentales del establecimiento y fijación del recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas.

La lista aprobada incluye ciudades de todas las comunidades autónomas. El Gobierno de España quiere así acercar Europa a toda la ciudadanía, y hacer visible a Europa y al mundo la riqueza y diversidad de nuestro país. En concreto, las ciudades elegidas son:
- Albacete
- Barcelona
- Bilbao
- Cáceres
- Cádiz
- Córdoba
- Gijón
- Granada
- Las Palmas de Gran Canaria
- León
- Logroño
- Madrid
- Murcia
- Palma de Mallorca
- Pamplona
- San Sebastián
- Santander
- Santiago de Compostela
- Sevilla
- Tarragona
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Vigo
- Zaragoza

Los preparativos se tratarán con las CCAA en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea que tendrá lugar en el País Vasco a finales de mes, a la que asistirán los ministros de Asuntos Exteriores y Política Territorial.
El Comité Organizador de la Presidencia Española de la Unión Europea es un órgano adscrito a la Presidencia del Gobierno, que se encarga de la programación, planificación, coordinación y ejecución de las actividades de las administraciones públicas en este ámbito. Está presidido por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y está asistido por la Oficina de Coordinación de la Presidencia Española de la Unión Europea, que se encarga de impulsar los trabajos de dicho Comité.

El porcentaje de edificios con la peor calificación posible en estas seis comunidades autónomas se sitúa por encima de la media nacional, que es del 82%. Esto significa que ocho de cada diez edificios en España cuentan con una calificación E, F y G, o lo que es lo mismo, consumen más recursos de los necesarios para alcanzar unos niveles óptimos de servicio y confort.
Por su parte, las comunidades autónomas con un menor porcentaje de edificios con calificación E, F y G son Navarra (72,64%); Castilla y León (76,09%); La Rioja (76,43%); Madrid (77,15%); Galicia (78,66%) y Andalucía (78,68%).
En el extremo opuesto, las comunidades autónomas con el mayor porcentaje de edificios con la máxima calificación —letra A— en su CEE son Canarias (1,27%); Castilla y León (1,21%); Asturias (0,59%); La Rioja (0,49%); Galicia (0,47%); Baleares (0,33%) y Navarra (0,31%). Estas siete regiones se sitúan por encima de la media nacional, que es del 0,29% del total.
Por contra, Murcia (0,05%); Valencia (0,13%); Extremadura (0,14%) o País Vasco (0,17%) son las autonomías que cuentan con un menor porcentaje de edificios con una calificación A de emisiones. "De los más de 4,5 millones de edificios que hay con CEE en España, apenas 13.000 cuentan con una letra A o certificación energética de máxima eficiencia", destaca Yolanda del Rey, responsable de Certificación de VERDE de Green Building Council España (GBCe).
Envejecido e ineficiente
La CEE evalúa la eficiencia de un edificio, analizando sus emisiones de CO2 y su consumo energético, en una escala que va de la A —calificación más eficiente— a la G —la menos eficiente—. Desde el 1 de junio de 2013 es obligatorio poner este documento a disposición de los compradores o usuarios de los edificios: "Aunque queda mucho camino por recorrer, la exigencia de una CEE para todas las viviendas que se pongan en el mercado, en venta o alquiler está ayudando a que los ciudadanos seamos conscientes de la importancia de la eficiencia energética", afirma Dolores Huerta, directora general de GBCe.
En la actualidad, la mitad del parque edificado español se construyó antes de 1980 sin normativa de eficiencia alguna. De hecho, el sector de la edificación es responsable en España del 30,1% del consumo de energía final y del 25,1% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, tal y como se recoge en la Hoja de ruta del proyecto Building Life: "Las CEE nos demuestran que el envejecido parque edificado español es muy poco eficiente y que es imprescindible aplicar herramientas tan eficaces como las rehabilitaciones en profundidad para mejorar su comportamiento energético", explica Huerta.
En este sentido, España necesita llegar hasta los 10 millones de rehabilitaciones de viviendas principales en las próximas tres décadas para cumplir su compromiso de cero emisiones de carbono para 2050, según la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESSE). Para lograr este objetivo, es necesaria una inversión anual de 7.500 millones de euros: "Para alcanzar y mantener el altísimo ritmo de inversión en rehabilitación, necesario para lograr la urgente descarbonización del sector de la edificación, los fondos públicos europeos son un elemento fundamental", resalta Huerta.
Por este motivo, el Gobierno de España ha destinado 6.820 millones de euros hasta 2023 —procedentes de los Fondos Next Generation de la UE— para la regeneración urbana y la rehabilitación de viviendas. El requisito principal para acceder a estas ayudas es demostrar que las inversiones en edificación son sostenibles: "Bruselas ha establecido una Taxonomía Europea, un reglamento que establece una clasificación, que fija los criterios para determinar si una actividad económica se puede considerar sostenible", añade Borja Izaola, coordinador del proyecto LIFE Levels.
"Una actividad es ambientalmente sostenible cuando aporta de forma significativa en al menos uno de los seis objetivos perseguidos y no perjudica a los otros cinco", explica Julia Manzano, experta de GBCe y una de las impulsoras del estudio EU Taxonomy Study: Evaluating the market-readiness of the EU taxonomy criteria for buildings. Esa media docena de factores son la mitigación del cambio climático; la adaptación al cambio climático; el agua; la economía circular; la contaminación y los ecosistemas.

El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado intensificar medidas para afrontar el impacto de la guerra en Ucrania, como las rebajas fiscales, y se han emplazdo a seguir trabajando para elaborar un plan nacional de respuesta a esta crisis. Estos compromisos y otros han quedado reflejados en la Declaración de La Palma, un documento en común que han firmado todos los que han participado este domingo en la Conferencia de Presidentes.

Ha sido la primera vez en diez años que han estado presentes todos los presidentes autonómicos, ya que no acudía un presidente de la Generalitat de Cataluña a un conclave similar desde 2012. La Conferencia de Presidentes, centrada en la guerra en Ucrania, se ha alargado más de lo habitual y ha durado seis horas.

Todos los asistentes (también el presidente de la FEMP) han firmado una declaración sustentada en cuatro ejes: el "respaldo" al Gobierno en su posición ante el próximo Consejo Europeo para tomar medidas para lograr una rebaja de los precios de la energía; el compromiso a impulsar la ejecución de los fondos europeos y "dejar al margen las discrepancias partidistas"; "gestionar de forma coordinada" la acogida de refugiados y el establecimiento de medios de financiación; y por último, se pondrá en marcha el Plan nacional de respuesta a las consecuencias en España de esta guerra. Un plan que será "abierto y dinámico, y se irá configurando a través del diálogo que el Gobierno desarrollará con las comunidades, las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales.

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno rebajará los impuestos a los sectores afectados por la guerra en Ucrania y agilizará los plazos y procedimientos para la ejecución de los proyectos de eficiencia energética y desarrollo de energías renovables. También se ha comprometido ante los presidentes autonómicos a dar ayudas económicas para la recogida de refugiados.

Pero lo acordado en la conferencia no ha sido igualmente acogido por todos y algunos han echado en falta la adopción de medidas más concretas. Y ha habido también un clamor unánime para la coordinación en la acogida de refugiados.

Feijóo "esperaba más" y Ayuso pide destinar el presupuesto de Igualdad
El presidente de la Xunta de Galicia y candidato único a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado que de esta conferencia ha salido una declaración conjunta "útil" de apoyo a la política exterior del Gobierno pero ha dicho que "esperaba más" concreción, "rebajas fiscales concretas y explícitas, con plazos y destinatarios". Por eso, ha dicho, el encuentro ha quedado en una declaración y "no ha habido acuerdo", ya que el Gobierno se ha movido en sus posturas pero de manera "insuficiente". El presidente gallego pedía, como otros presidentes del PP, el IVA súper reducido para la electricidad y el gas y pedir a la UE una reducción "excepcional y transitoria" del impuesto de hidrocarburos y del IVA de la gasolina y el gasóleo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido por su parte destinar los más de 20.000 millones del Gobierno que serán destinados al III Plan de Igualdad Efectiva (que estará vigente hasta 2025) para "lo urgente", al "aquí y ahora", para paliar la pobreza de las familias ante la subida del coste de la vida: "Si quieren ayudar a la igualdad y a las mujeres, nada mejor que ayudarlas a afrontar la cesta de la compra y los gastos de energía con estos 20.000 millones". Por otra parte, ha pedido un Plan de Acogida claro por parte del Gobierno, algo ncesario "para evitar que la solidaridad se convierta en caos" porque "ya vamos tarde". Ha pedido asimismo suspender temporalmente los impuestos a la luz y el gas.

Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha lamentado que no se hayan tomado decisiones "vinculantes" y ha reclamado al Gobierno de España que "cuanto antes" aporte "datos y recursos" para poder abordar la llegada de los refugiados, ya que a su Ejecutivo le preocupa "muchísimo" la existencia de "mafias" que quieran "aprovecharse de las circunstancias". El de Murcia, Fernando López Miras, ha propuesto por su parte dotar del fondo extraordinario de acogida para refugiados con los remanentes del Plan de Solvencia Empresarial: "En la Región de Murcia ha supuesto que tengamos que devolver 85 millones de euros debido a las condiciones leoninas que se imponían a las empresas". Ha solicitado también que se relaje el objetivo de déficit a las comunidades autónomas y una nueva línea de financiación ICO.

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha aplaudido por su parte el acuerdo para respaldar una postura común europea contra la "estúpida" e "injustificada" invasión de Ucrania por parte de Rusia, aunque ha demandado una mayor bajada fiscal para ayudar a familias y empresas ante el encarecimiento de la energía.

Aragonès evita coincidir con el rey y habla de un acuerdo "de mínimos"
El presidente catalán, Pere Aragonès, el primer jefe de la Generalitat de Cataluña que acude a una conferencia de presidentesdesde 2012, ha celebrado haber alcanzado unos pactos "de mínimos" pero ha pedido más concrección para las próximas semanas. Aragonès ha evitado el encuentro previo a la Conferencia de Presidentes con el rey Felipe VI y hacerse la foto de familia posterior.

Aragonès pide fondos para acoger refugiados y medidas para "reducir la escalada de precios" de la energíareproducir video00.59 minAragonès pide fondos para acoger refugiados y medidas para "reducir la escalada de precios" de la energía
El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado la puesta en marcha de una Unión Europea energética, el impulso de las energías renovables y el desacople del gas y la electricidad para hacer frente a crisis energéticas como la actual, acrecentada por la Guerra de Ucrania.

Por último, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha pedido por su parte a Sánchez que "se plante" ante Europa y pida "medidas urgentes" para paliar la "deriva insostenible" de los precios de la energía.

Las comunidades del PSOE celebran la "unidad" en el apoyo al Gobierno
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que "es fundamental" que la UE "intervenga la economía para hacer posibles los precios regulados". "Debe hacer todo lo necesario, lo urgente y lo imposible": "Si no fuera así, estaríamos ante un colapso que no se puede aceptar". Puig también ha pedido dar "máxima celeridad y agilidad" a las energías renovables y ha anunciado que se reunirá con los agentes sociales en la comunidad antes de que la Generalitat aporte sus propuestas al plan nacional del Gobierno para dar respuesta al impacto económico de la guerra de Ucrania.

Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), se ha mostrado partidario de que en la UE se apruebe un "cambio drástico" en la tarificación de la energía y también a la puesta en marcha de deducciones fiscales. Ha celebrado también que "en lo esencial ha habido consenso más que global" entre las comunidades autónomas. Page propone, entre otras cuestiones cambiar el sistema de fijación de precios de la electricidad y ha solicitado introducir cambios en la Política Agraria Común (PAC) para que no haya que dejar tierras en barbecho y que se pueda utilizar el fondo de solvencia empresarial creado por la pandemia, una parte del cual no se ha gastado, para apoyar a los sectores en crisis.

El de Aragón, Javier Lambán, ha pedido por su parte reorientar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que están gestionando el Gobierno de España y las Comunidad Autónomas, para atender los nuevos problemas generados por la guerra de Ucrania: "Han cambiado los problemas, creo que han cambiado las prioridades".

"Nos lo jugamos todo", ha dicho la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que ha pedido al ejecutivo central medidas para contener el alza de los precios del transporte de viajeros interinsular y entre las islas y la península. Ha llamado a acabar con el "disparate" de que el precio de referencia sea el del gas. Otro presidente insular, el canario Ángel Víctor Torres, ha celebrado que por primera vez ha habido "una manifestación expresa, clara y rotunda" para buscar una solución entre todas las comunidades a la acogida de menores migrantes no acompañados, de los que en las Islas Canarias hay 2.804.

Por su parte, Adrián Barbón (Asturias), se ha mostrado "satisfecho" por haber alcanzado un acuerdo para pedir sacar el gas del sistema marginalista, al ser esta la principal pretensión que Barbón llevaba a la reunión. Entretanto, la presidenta navarra, María Chivite, ha valoradola "unanimidad y respaldo" a Sánchez con un acuerdo "a la altura de las circunstancias" y ha pedido al jefe del Ejecutivo que defienda en Europa la "revisión de las reglas fiscales" y "relajar" los objetivos de déficit y deuda.

"La mejor noticia es que nos hemos encontrado los unos a los otros para llegar a acuerdos" respecto a asuntos como el precio de la energía y la atención a los refugiados ucranianos, ha celebrado por su parte Guillermo Fernández Vara (Extremadura). También la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha valorado el respaldo de sus homólogos a Sánchez y ha destacado la "necesidad" de utilizar los Fondos Europeos para poner en marcha "de verdad" las energías renovables.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, exigió durante esta tarde, en su intervención en la XXVI Conferencia de Presidentes que acoge hoy (domingo, 13 de marzo) la isla de La Palma, y en las declaraciones posteriores a la prensa, que las comunidades españolas apuesten por una gestión corresponsable de los menores migrantes que llegan a las costas canarias. Torres también reclamó que la UE acelere la aprobación del Pacto de Asilo y Migración para que el peso del fenómeno migratorio no recaiga sólo en los países y regiones fronterizas, sino que se afronte con equilibrio, justicia y desde una verdadera solidaridad entre los estados miembros.

Torres considera que la acertada reacción que está teniendo la UE ante la invasión rusa de Ucrania, con unos 3 millones de ucranianos que han llegado a la Unión como refugiados, debe extenderse también al resto de migrantes que acceden a Europa desde diversos países y continentes, como ocurre entre Canarias y África. Según recalcó, y aunque agradece el apoyo de algunas regiones españolas en la gestión de los menores migrantes, las Islas asumen desde hace dos años una media de 3.000 chicos y chicas (ahora, justamente 2.804), lo que supone unos 1.500 por cada millón de habitantes en el Archipiélago, cifras que contrastan claramente con los 208 menores acogidos en el resto del Estado de los llegados a Canarias. "Acogemos 40 veces más el número de menores que nos correspondería. Si hubiese un reparto corresponsable, esa cifra bajaría a 60", explicó.

En este sentido, el presidente agradece el apoyo de Pedro Sánchez a esa corresponsabilidad, "tal y como expresó de forma clara en su intervención inicial de hoy", y resalta también lo dicho por los presidentes de la Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Cataluña, que respaldan esa gestión solidaria entre las distintas regiones.

Si bien reiteró que Canarias se ofrece a recibir a refugiados ucranianos, Torres considera imprescindible esa corresponsabilidad con las Islas respecto a estos otros migrantes que arriesgan y muchas veces pierden su vida por mar en cayucos y pateras, pues también huyen de guerras injustas, de sistemas totalitarios, de persecuciones políticas, del hambre o de fenómenos crecientes, como el cambio climático y el calentamiento global. "Igual que reaccionamos ante la diáspora ucraniana hay que hacerlo ante la de África", remarcó en su intervención, recordando que, entre 2020 y 2021, Canarias ha recibido a 50.000 africanos.

En este sentido, reclamó también una legislación que aborde de forma más adecuada la migración y mejores medios humanos y técnicos para determinar la edad exacta de los menores (pues no todos lo son y se necesita acreditarlo con pruebas óseas), al tiempo que recordó que, si bien el presupuesto estatal de 2022 incluye por primera vez 50 millones para migración en Canarias, medida que agradece y aplaude, el gasto en 2021 se elevó a 70 millones, por lo que se necesita un esfuerzo mayor. Asimismo, propone que haya una redistribución inmediata entre el resto de regiones de los menores que, como pasa ahora con los ucranianos, alegan motivos bélicos, actualmente unos 300.

Apoyo a La Palma y extensión del ejemplo de unidad ante el volcán

Como hiciera en otras comparecencias con motivo de esta Conferencia, Torres agradeció la elección de La Palma para esta cita e insistió en la necesidad de que los distintos gobiernos dejen a un lado los partidismos y apoyen al Ejecutivo central en la respuesta a la invasión rusa de Ucrania, en la solidaridad a los refugiados y en las medidas a adoptar para paliar al máximo las consecuencias. "En tiempos de guerra, no cabe que la oposición esté contra el Gobierno y al revés", dijo ante los medios. En esta línea, se aprobó la llamada "Declaración de La Palma" en busca de esa unidad y se constituirán equipos de Economía y Hacienda de todas las comunidades para trabajar en un plan nacional, con una sectorial también sobre política de refugiados y migraciones, lo que considera "una gran avance, un gran paso".

El presidente de Canarias agradeció, asimismo, el apoyo de todas las comunidades a La Palma desde el primer instante por la erupción. También resaltó el hecho de que, tras diez años, hoy haya sido la primera

Foto reunión Conferencia de Presidentes
Un instante de la Conferencia de Presidentes.
vez que están todos los presidentes en la Conferencia y cree que esto debe ayudar también en la búsqueda de respuestas unitarias a desafíos de la magnitud de la guerra, la migración o la recuperación por la pandemia, para lo que cree fundamental el aprovechamiento de los fondos europeos.

Torres considera que la mejor prueba de los resultados de la unidad en La Palma es que ya han llegado 330 millones por parte de las administraciones y de la solidaridad de la sociedad civil, que se han entregado un centenar de viviendas provisionales, que se haya contratado a casi 1.400 personas o recuperado (o en vías de hacerlo) diversas infraestructuras claves.

El presidente de Canarias considera que el ejemplo de unidad en La Palma ha de repetirse entre todos los gobiernos de España ante los problemas que ya está desatando la guerra en las materias primas, el transporte y los precios. Por eso, cree que se debe atender también a la lejanía (condición de Región Ultraperiférica de la UE), insularidad y otras singularidades canarias a la hora de compensar esos efectos. En su opinión, y si bien puede ser un acierto una rebaja de impuestos que contrarreste los precios energéticos y de ciertas materias, sería un error una bajada generalizada porque se daría el efecto contrario, crecerían los precios y se reducirían los ingresos públicos y las dificultades para mantener el Estado del Bienestar.

Por la especial situación de los archipiélagos, en la Conferencia se planteó que haya un fondo especial de compensación a los dos territorios isleños (Canarias y Baleares) por las consecuencias de la guerra. Además, Torres recordó que la sexta ola de la COVID impidió que llegara a Canarias un millón de turistas en este invierno, lo que supone 1.100 millones de euros menos de ingresos, por lo que reclama ayudas que reequilibren esto mediante el presupuesto estatal de 2022, en línea con lo hecho en 2020 y 2021, con otro fondo COVID.

Fondos europeos, financiación autonómica, Consejo Asesor y Plan Reactiva Canarias

Sobre los fondos europeos, Torres los presentó como un éxito del Gobierno español y pide que se agilicen cuanto antes, que se gasten en su totalidad y que se aprovechen para, por ejemplo, dar el salto en energía y soberanía energética que necesita Canarias, España y la UE, tal y como demuestra la actual situación por la guerra.

Ante la prensa, Torres anunció que, este martes, habrá una segunda reunión del Consejo Asesor para analizar la situación por la guerra en Ucrania y, a su término, se celebrará una mesa de seguimiento del Plan Reactiva Canarias por el mismo motivo. Respecto a la futura financiación autonómica, se aborde cuando se aborde, reclamó en la Conferencia que se atienda, asimismo, a las singularidades canarias y a su nivel de pobreza, dejando fuera los recursos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Además, pidió que se fije un criterio unificado en el recuento de los fallecidos por COVID.

Sánchez ha hecho este anuncio en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido para tratar la situación de la guerra en Ucrania y la postura del Gobierno al respecto.

El lunes, Sánchez descartó el envío directo de armas a Ucrania y defendió que la acción del Ejecutivo al respecto se canalizaría a través Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, del que España es "el cuarto en donación" de los países que aportan al mismo. Un fondo dotado de 500 millones de euros de los cuales 450 están destinados a "material ofensivo" para Ucrania y 50 para ayuda humanitaria.

"España siempre ha entendido que este ataque es a Europa, a sus principios y valores, por eso siempre ha defendido iniciativas coordinadas a nivel europeo", ha sostenido en el Hemiciclo, justificando así el aporte al Fondo Europeo de la paz. "Esta ha sido la posición del Gobierno de España y es la adecuada: ante una amenaza europea, debemos dar una respuesta coordinada, unida".

Sin embargo, ya que "hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del Gobierno", ha anunciado que "España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo". PP y Ciudadanos le habían reprochado, en concreto, que el Gobierno no hubiera enviado armas a Ucrania por ser "preso" de sus socios, desde donde algunos dirigentes 'morados' se hayan mostrado en contra de armar a la resistencia ucraniana y hayan recuperado el lema "No a la guerra". Este miércoles, sin embargo, la portavoz 'popular', Cuca Gamarra, ha aplaudido la rectificación de Sánchez y le ha mostrado su apoyo, aunque insiste en que está "condicionado" por Unidas Podemos.

Tras su anuncio, se ha producido un aplauso en la bancada del PSOE y otros grupos parlamentarios, así como entre los ministros socialistas del Gobierno, pero no la vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros de Unidas Podemos, Ione Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón, no se han sumado al aplauso.

Consciente de estas cuestiones, Sánchez ha pedido "unidad" a todos los partidos políticos ante el "brutal ataque de Putin a Europa" y ha advertido: "Hoy el 'no a la guerra' de Irak es el 'no a la gerra' de Putin".

Impulsará la inclusión de Rusia en la "lista negra" de paraísos fiscales
Por otra parte, el jefe del Ejecutivo ha anunciado que España impulsará en la Unión Europea y en la OCDE la inclusión de Rusia en la "lista negra" de paraísos fiscales. El objetivo de esta y otras sanciones económicas a Rusia, ha defendido Sánchez, es "aislar al Gobierno de Putin, a Putin y a la oligarquía" rusa.

Sánchez ha dejado en todo momento claro la solidaridad española con el pueblo ucraniano. Se ha visto con la bandera de Ucrania sobre la fachada del Congreso de los Diputados y con la presencia como invitado en el Hemiciclo del número dos de la Embajada de Ucrania en España, Dmytro Matiuschenko, a quien Sánchez se ha dirigido para expresarle el "dolor del pueblo español por la pérdida de vidas humanas", tras lo que el diplomático ucraniano ha sido recibido por un largo aplauso de los diputados, puestos en pie.

Sánchez acusa a Putin de "incumplir sus promesas" con "argumentos falaces"reproducir video02.53 minSánchez acusa a Putin de "incumplir sus promesas" con "argumentos falaces"
Sánchez ha sido muy crítico con Putin, que "teme a Europa porque teme a la democracia", cuyo "régimen autoritario" es "opuesto a los propósitos y valores democráticos" de la UE. "No quiere que avance la democracia y que Europa siga fortaleciéndose, quiere una Europa aún más débil", ha reprochado, y le ha acusado de "intentar dividir a Europa de todas las formas posibles": "Pero se ha encontrado con todo lo contrario, una Europa más unida que nunca".

Durante su intervención, Sánchez ha mostrado su "solidaridad" no solo con Ucrania, sino también "con el pueblo ruso", que "va a sufrir el coste de la guerra por el imperialismo de su presidente": "Estoy convencido de que el pueblo ruso no quiere la guerra". Pide, por tanto, al presidente ruso, que "ponga en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente" durante las protestas en Moscú contra la guerra.

Las sanciones "van a tener un coste" económico en España
El presidente del Gobierno también ha reconocido y ha avisado de que las sanciones a Rusia para disuadirle de la escalada bélica "van a tener un coste y van a exigir sacrificios" tanto para Europa como para España.

"Es más que probable que las sanciones financieras y comerciales tengan impacto sobre las exportaciones a Rusia", las inversiones de las empresas "y el flujo de turistas rusos a España", así como "interrupciones bruscas" en las importaciones de cereales o aceite de girasol desde Ucrania, ha advertido.

Y ha señalado que "el impacto más importante" será sobre los mercados energéticos, donde prevé una subida "importante" de los precios del gas y el crudo. Aún así, ha asegurado que la seguridad de suministro está "garantizada" para España y ha asegurado que el Ejecutivo abordará posibles medidas adicionales para combatir las consecuencias económicas junto a las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes del 13 de marzo en La Palma.

Respecto a Europa, ha pedido mantener suspendidas las reglas fiscales europeas para mitigar el impacto de la guerra en Ucrania.

Pese a todo, ha zanjado: "Europa está en la obligación de pagar con este sacrificio lo que los ucranianos están pagando con su libertad y sus vidas".

Tal y como ha subrayado, dicha comunicación se va a seguir manteniendo a través de la Comisión Técnica constituida hoy, que será el elemento fundamental para coordinar la implementación de las distintas actuaciones que son necesarias para apoyar, socorrer y propiciar la recuperación de la isla.
Así, la ministra ha defendido la necesidad de avanzar en el proceso de colaboración entre las administraciones públicas para poner en marcha la vida cotidiana de La Palma, tras una primera labor de alerta y anticipación para salvaguardar la vida e integridad de todas las personas afectadas por la erupción.
Avanzar en la recuperación de La Palma
La Comisión Técnica, que será coordinada por Mitma, tiene la finalidad de afrontar soluciones válidas a los problemas planteados en materia de planificación territorial, de infraestructuras, de vivienda, así como de modificaciones normativas que serán necesarias desarrollar y aprobar, teniendo en cuenta la especial situación que padece La Palma.
Su constitución tiene como principal objetivo avanzar en la recuperación de las zonas afectadas en la isla, así como centrar los trabajos para avanzar en la planificación, en buscar soluciones y analizar otras necesidades que sean determinantes para recuperar las infraestructuras, las comunicaciones y reconstruir las viviendas.
Por este motivo, la ministra ha destacado la necesidad de conformar una hoja de ruta que se fundamente en un análisis previo de la realidad preexistente en la zona de la catástrofe y conseguir la búsqueda de soluciones que puedan implementarse acertadamente, mediante un proceso de consenso con todas las administraciones públicas.
Así, la responsable del Departamento se ha comprometido a impulsar y formar un grupo de trabajo específico de infraestructuras y otro en materia de vivienda, para analizar las situaciones en cada ámbito y poder seguir avanzando en soluciones inmediatas tanto en el área de las conexiones viarias como en la búsqueda de soluciones habitacionales, con independencia de continuar en paralelo con los trabajos de planificación territorial.
A la constitución de la Comisión Técnica también han asistido el subsecretario, Jesús Manuel Gómez, el director general de Agenda Urbana y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, el director general de Vivienda y Suelo, Javier Martín, de Carreteras, Javier Herrero, así como el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestano.
Asimismo, han participado los consejeros del Gobierno de Canarias de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, el presidente del Cabildo Insular de La Palma, Mariano Hernández, la alcaldesa de los Llanos de Aridane, María Noelia García, el alcalde del Paso, Sergio Javier Rodríguez y el alcalde de Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez.
Otros instrumentos aprobados para La Palma
Desde el Gobierno se ha realizado una primera labor de alerta y anticipación para salvaguardar la vida e integridad de todas las personas que se vieron afectadas por la erupción aprobando:
• Un primer paquete de ayudas que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 28 de septiembre, por importe de 10,5 millones de euros destinados a la adquisición de viviendas y de enseres de primera necesidad para las situaciones más urgentes.
• Posteriormente, el 5 de octubre, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley 20/2021, que fue convalidado por el Pleno del Congreso el pasado 18 de noviembre, y que permitió movilizar más de 213 millones de euros, tanto para la asistencia inmediata y apoyo a los afectados, como para la recuperación y reconstrucción tanto económica, como social, laboral y medioambiental de la isla de La Palma.
• El pasado 17 de diciembre, otro Real Decreto-ley (RDL 28/2021) adoptó determinadas medidas que flexibilizaban la tramitación de las ayudas y duplicaba la cuantía de las ayudas con respecto a las previstas en un primer momento.