Estas condiciones, recogidas en la Disposición Transitoria Segunda del proyecto legislativo, establecen la posibilidad de reducir la línea de 100 metros de servidumbre a 20 metros, para aquellos núcleos o áreas que cuando entró en vigor la anterior Ley de 1988, contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, según explicó la también concejal Ana Zurita.
La portavoz popular, Cristina Tavío, invitó al Ayuntamiento a iniciar "cuanto antes" el expediente para la delimitación de estos núcleos y la certificación de las condiciones urbanística reales, "requisito imprescindible para tramitar cuanto antes los expedientes ante el Ministerio una vez entre en vigor la nueva Ley".
Para los casos extraordinarios de viviendas que queden dentro de los 20 metros de servidumbre en estos núcleos, los populares de Santa Cruz entienden que podrían resolverse mediante la aplicación de las Disposiciones Transitorias Tercera y Cuarta, en cuya interpretación trabajan en estos momentos en el período de enmiendas de la tramitación parlamentaria.
Cristina Tavío recordó que el pasado 22 de octubre se reunió en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, a quien expuso la singularidades jurídicas y morfológicas que se dan en Canarias con respecto a la aplicación de la Ley, y expresó su confianza en el trabajo realizado por los diputados y senadores populares "para resolver definitivamente un problema histórico que en su mayor parte quedará encaminado con la nueva Ley".
Tavío lamentó una vez más que el Gobierno de Canarias "no hiciera los deberes en su momento, porque desde el año 2009 estamos esperando por un censo de asentamientos y núcleos costeros, cuya catalogación y protección hubiese permitido simplificar las cosas y ofrecer un mejor tratamiento en la nueva Ley, como ha ocurrido en algunos casos del litoral peninsular o en el archipiélago balear".
En cualquier caso, aseguró que "hay motivos para estar tranquilos, porque estoy convencida de que el Ministerio es muy sensible a la realidad de Canarias", aunque insistió en que "el Ayuntamiento debe hacer su trabajo con urgencia para aclarar cuanto antes la situación y conocer el alcance preciso de la nueva normativa casa por casa".
