Las lluvias caídas el pasado día 24 de diciembre provocaron la entrada de barro en uno de los depósitos que suministra agua potable al Puerto de la Cruz, lo que obligó a la Dirección General de Salud Pública a restringir el consumo de agua en Las Dehesas, La Vera, Las Águilas, San Antonio-Esquilón, Las Arenas, San Fernando y Taoro-Malpaís entre los días 25 de diciembre y 2 de enero. Se da la circunstancia de que estas mismas zonas se vieron afectadas por una situación similar entre el 26 de abril y el 16 de mayo pasados, cuando un incidente en el depósito de La Vera aún no suficientemente aclarado por la empresa les dejó sin agua potable. En total, la población de estos barrios ha estado un mes completo de los últimos nueve sin poder consumir agua del grifo.
La formación de izquierdas quiere que la empresa dé una respuesta detallada respecto a la petición de compensaciones para los vecinos perjudicados, que no solo indique su voluntad al respecto, sino que fije plazos para su materialización. A su juicio, la actuación de Aqualia no se corresponde con sus compromisos y obligaciones, puesto que no ha reaccionado con la celeridad y eficacia que la situación requería, como lo demuestra la tardanza en colocar cubas provisionales de agua potable y el hecho de que no las haya instalado en todos los lugares afectados.
Para IUC, la compañía también ha vuelto a fallar en la comunicación con los vecinos, pues no ha proporcionado información precisa sobre la incidencia y su página web ni siquiera menciona lo sucedido, al igual que sucedió en la anterior ocasión.
Izquierda Unida asegura que estudiará detenidamente el pliego de condiciones de la concesión administrativa para explorar las posibilidades de devolver a manos públicas la gestión del servicio, al entender que se han producido incumplimientos por parte de Aqualia y que la gestión de los servicios básicos debe estar en manos públicas, con el fin de que se protejan los intereses generales y no los intereses particulares de una empresa.