Esta resolución judicial surge de la petición efectuada por el Ayuntamiento después de alegar la posibilidad de que exista una prejudicialidad penal, que podría suponer la suspensión del procedimiento ordinario. En el mismo acto se ha otorgado plazo de cinco días a la otra parte para que presente alegaciones.
El pasado viernes, día 27 de septiembre, el Ayuntamiento remitió un escrito a la Fiscalía, dando traslado de nueva documentación que podría tener relevancia en los hechos penales que se investigan.
Ante estas circunstancias, el Consistorio plantea la citada cuestión prejudicial penal y solicita la suspensión de la audiencia previa, al entender que antes de resolver las cuestiones civiles debería prevalecer la cuestión penal.
En estos momentos, el Grupo de Gobierno municipal ni puede ni debe realizar valoración alguna sobre el contenido de la documentación remitida. Le corresponde al ministerio fiscal la valoración sobre su alcance. No obstante, como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento reitera su total disposición a colaborar con el ministerio fiscal y los tribunales de justicia en todas aquellas circunstancias que le sean requeridas.
