Aunque la Corporación local entiende que hay que mantener e impulsar la actividad económica en el litoral, esto no puede hacerse a costa de la calidad de vida de los ciudadanos, que tienen derecho al descanso y a poder desarrollar las actividades cotidianas en sus domicilios sin sufrir este tipo de molestias.
El Ayuntamiento está obligado a pedir a los propietarios de los establecimientos con música en vivo que deben cumplir con la normativa que regula el límite máximo de decibelios, tanto para horas diurnas como para horas nocturnas, y la Policía Local está obligada a actuar cada vez que se reciba una denuncia, ya sea por un volumen excesivo de la música o por incumplir el horario de cierre.
Hay que recordar que, además de las denuncias vecinales, ya el Diputado del Común de Canarias había exigido al Ayuntamiento que tomara medidas para evitar las molestias por ruidos. La voluntad municipal es que se llegue a un equilibrio en el que los citados locales puedan desarrollar su actividad con normalidad y los vecinos puedan ejercer sus derechos en sus viviendas.
