La resolución judicial, del 7 de mayo de 2012, afirma textualmente que "de las declaraciones de los imputados se infiere que no ha podido incurrirse en un delito de usurpación por cuanto éstos son los legítimos ocupantes de las viviendas (...)".
El auto también indica que "se infiere que cuando acudieron a las viviendas [los imputados] ya no existía precinto alguno y lo hicieron en conciencia por estimar que al haberse efectuado las obras por el Ayuntamiento ya era posible ocupar nuevamente sus viviendas; no entendiendo que en el caso que nos ocupa exista una actitud deliberada y consciente de incumplir con una orden de la autoridad (...)".
El abogado de los vecinos imputados y también representante de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, valora esta sentencia así como la inmediatez de su resolución por parte del Juzgado de Güímar y asegura que "esta es una victoria más de la razón y de la justicia sobre una denuncia injusta, especialmente –matiza el letrado- porque hace años el Consistorio tendría que haber hecho las obras de rehabilitación necesarias para que estas situaciones no se produjeran".
Antecedentes de la denuncia
Las denuncias contra los cinco vecinos de Santa Lucía se produjeron a raíz de la vuelta de éstos a sus viviendas, toda vez que llevaban fuera de ellas cerca de dos años por posibles derrumbes, porque consideraron que ya no había peligro pues supuestamente el Ayuntamiento había subsanado parte del derrumbe.
Cuando los afectados volvieron a sus viviendas ya no existían, vallas que las protegieran, y así lo recoge la resolución judicial, y es entonces cuando el Ayuntamiento de Güímar presenta una denuncia contra estos vecinos quienes declararon como imputados el pasado 26 de abril por presunto delito de usurpación.
