Además, se tratará de captar viviendas que se hallan en el mercado libre de alquiler, cuyos propietarios dispondrán de garantías, entre las que figura la existencia de un fondo para posibles impagos de las rentas de los inquilinos beneficiarios.
La concejala de Vivienda, Ángela Mena, indica que este recurso tratará de "fomentar y promover programas de vivienda y alojamiento de carácter social, de forma específica para colectivos con problemas de acceso a la vivienda. Para ello también se gestionará un programa de alojamiento, dirigido a colectivos en riesgo de exclusión social, mediante diversos dispositivos residenciales. Aunque es un convenio difícil de conseguir, hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de Provivienda para poder colaborar con las familias del municipio que tienen necesidades".
El proyecto servirá como herramienta de integración social de las familias, para lo que se cuenta con la colaboración del IMAS, y se desarrollará en el término municipal de Santa Cruz, como complemento del programa de Bolsa de Vivienda Joven y Vacía del Gobierno de Canarias.
La principal actuación que contempla esta nueva iniciativa será la captación de viviendas de propietarios particulares del mercado libre de alquiler. Se recibirán derivaciones del IMAS tanto para el asesoramiento en vivienda, ayudas y recursos como para el apoyo en la información sobre solicitudes de vivienda pública. Todas aquellas personas que cumplan con los requisitos del programa, recibirán una oferta de alojamiento a través de las viviendas captadas, realizándose una coordinación durante el alojamiento con las entidades que forman parte del mismo.
Entre otras garantías, Provivienda ofrecerá un aval, formalizado por escrito, que implica la intermediación de este organismo en el pago de las rentas. De esta forma, Mena indicó que la entidad citada pagará a los propietarios y los inquilinos, a su vez, Provivienda. El propietario tendrá una garantía de un año en el cobro de sus rentas, así como un seguro multirriesgo. Para dinamizar la captación, también se ofrecerá a los propietarios la cobertura del coste del certificado de eficiencia energética.
En el caso de que las personas alojadas sufran alguna dificultad sobrevenida (pérdida de empleo, gastos extras o recibos de suministros, entre otras), el programa, en su condición de intermediario entre el inquilino y el propietario, puede adelantar el pago del alquiler y realizar planes de pago para su devolución, ajustados a la capacidad económica que tengan y al objeto de prevenir que se produzcan impagos difíciles de remontar.
El programa, por último, no se limitará a situar al inquilino en la vivienda, sino que pretende consolidar su alojamiento a través del acompañamiento social y la mediación. Para ello se han previsto este tipo de procesos durante el tiempo que el equipo profesional estime necesario, con el mínimo de un año, hasta conseguir el objetivo de autonomía y estabilidad residencial, lo que garantiza a los propietarios tanto el cobro de sus rentas como la seguridad de su inmueble.