Ante las recientes declaraciones de los representantes de la Cámara de Agua, que acusan al Cabildo de querer implantar exhaustivos sistemas de control e información, el consejero de Aguas, Jesús Morales, asegura que "no se antepondrán los intereses de los intermediarios, que son los únicos que se pueden ver afectados por este nuevo plan, y señala que la voluntad del Cabildo es agotar todas las vías de negociación y de diálogo con el sector antes de la aprobación provisional del Plan Hidrológico de Tenerife (PHT), que tiene previsto ir al pleno de la Corporación insular a finales de este mes de septiembre.
Ante las críticas de la Cámara Insular de Aguas de Tenerife que asegura que el Cabildo ha desarrollado este documento sin contar con su participación y que lo que pretende es actuar en sus pozos y galerías, Morales asegura que "la propiedad privada del agua está garantizada, porque este documento no puede ir en contra de lo establecido en la Ley de Agua de Canarias de 1990" y aclara que para evitar dudas, y así se recoge a propuesta de la propia Cámara de Aguas en sus alegaciones en el apartado 6 del artículo 236 relativo a los criterios generales que rigen el aprovechamiento, "se respetarán los derechos adquiridos por los titulares de aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la legislación anterior, en los términos que se establecen en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias". En este sentido –insiste el consejero- "cualquier comentario relativo a que se restringen derechos es absolutamente falso".
Jesús Morales explica que el Plan Hidrológico no solo se basa en la Ley de Aguas de Canarias sino que, además, este plan tiene que dar cumplimiento a lo estipulado en la directiva marco del agua del año 2000, que establece entre otros requisitos, objetivos ambientales y de control en las masas de aguas subterráneas o acuíferos, y que son de obligado cumplimiento por todos los países, al tiempo que está por encima de cualquier Ley autonómica, incluida la de Aguas de Canarias.
Según el consejero, hay que recordar que el Real Decreto 140/2003 establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, por lo que el agua ya pasa a ser un asunto de salud pública, legislación que tampoco existía en los años 90. Asimismo, durante este tiempo han surgido normas relativas a ordenación del territorio y otros documentos normativos relativos a la transparencia o al dominio público hidráulico, que conllevan que este plan este obligado a recoger preceptos que el anterior no contemplaba, y en el que incluso participó, el propio sector privado de las aguas en la junta general del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) durante el avance de este documento.
Ante las declaraciones de los representantes de la Cámara de Agua, el Cabildo "invita a todo el sector, a leer el anterior Plan, donde se contempla el 95% de todos esos requisitos de control e información, tanto en canales, declarados muchos de ellos dentro de la red básica ya desde los año 90, como en sistemas de almacenamiento. Por ello, Morales asegura que se falta a la verdad también en este aspecto.
El consejero insiste en que este PHT tiene como objetivo irrenunciable mejorar la calidad del agua de la isla y la transparencia del mercado, a la vez que quiere establecer la mejora de la competencia en el mercado, "algo que desde la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y por parte de todos los partidos políticos se nos ha pedido, pues beneficia a todos".
Respecto de la mejora de la calidad del agua, el consejero manifiesta que la voluntad del Cabildo es acabar con los problemas de calidad del agua en la isla. "No parece ese el objetivo de la Cámara quien con sus argumentos lo único que consigue es condenar a la isla a seguir con restricciones de flúor, porque la asignación del agua con el modelo actual solo se basa en el precio y quien pague más, lo que no contribuye a solucionar el problema que tenemos", añade el consejero.
Este PHT esta de lado de los accionistas de galerías y pozos, artífices y verdaderos protagonistas en el avance económico de la isla, reconoce Morales. "Respeta sus derechos adquiridos en la Ley de Aguas del 90, como así hemos recogido, y favorece que sepan más de sus acciones, de su agua, y que obtengan esa renta complementaria como hasta ahora, de manera mas transparente, conociendo cuánta agua les corresponde por acción, qué calidad de agua tiene esa galería o pozo, de manera que puedan negociar mejor el precio al que venden la acción o arriendan el agua".
El Plan también está de parte de los agricultores quienes, una vez negociado con ellos, han mostrado su acuerdo con los cambios hechos en el documento, entendiendo que hay cuestiones legales que las impone la legislación. "Ellos han actuado con responsabilidad y altura de miras en todo momento", señala Morales quien concluye que el nuevo plan también está de parte de los consumidores, "que se merecen que de una vez por todas no haya restricciones de agua en la isla por la mala calidad y está de parte de la sociedad en su conjunto que pide mas transparencia".
Por todas estas razones, el Cabildo pide a los miembros de la Cámara de Aguas, una vez estimada y aceptada parte de sus exigencias en los artículos que generaban mayor discordia, que recapaciten, que antepongan los intereses de la isla, de los accionistas, de los agricultores, de los consumidores por encima de los personales y empresariales de los intermediarios. La Corporación insular espera que, en las próximas reuniones, se logre un acuerdo y no se aíslen más de la sociedad. "Todos estamos de acuerdo, solo faltan ellos", indica Jesús Morales.