El anuncio hecho por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, tiene como origen el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, a propuesta de la séptima teniente de alcalde y concejala de Atención Social, Alicia Álvarez. "Esta exigencia no es sino el resultado de una realidad que vivimos en el municipio, con la continua llegada a los Servicios Sociales de personas en solicitud de prestaciones", afirma el primer edil.
En ese sentido, Bermúdez explica que "este año se han remitido a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda un total de 271 expedientes de nuevas solicitudes, de los que solo han sido resueltos 22 y de éstos solo se están abonando dos, lo cual explica de manera clara la situación que estamos viviendo".
Por su parte, Álvarez recordó que "desde el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) ya nos hemos puesto en contacto con el Ejecutivo canario en varias ocasiones, exigiendo el propio Consejo Municipal de Servicios Sociales el abono de las prestaciones pendientes de cobro "
La responsable del IMAS afirmó que "el esfuerzo municipal se mantendrá mientras la situación social lo requiera, pero hay que tener en cuenta que la PCI es uno de los instrumentos esenciales para mantener la calidad de vida de personas con escasos recursos". Álvarez cree que "es bastante significativo que respecto a las renovaciones, de los 453 expedientes resueltos favorablemente este año, solo 194 han devenido en abono de la prestación".
Además del aumento del presupuesto destinado a la PCI, la junta de Gobierno Local ha solicitado un incremento en la partida dirigida a contratar más personal, con el objetivo de procurar una gestión más ágil y eficaz del procedimiento, así como exigir la inmediata resolución de los expedientes tramitados por el Consistorio.