A este encuentro, convocado por el propio presidente insular, no asistieron los diputados, senadores ni el portavoz insular del Partido Popular (PP) que excusaron su presencia a esta reunión. No obstante, el presidente Carlos Alonso se dirigirá personalmente a ellos para continuar transmitiéndoles la importancia de este asunto. Sí asistieron José Vicente González Bethencourt y José Segura (PSOE) y Ana Oramas (CC), además de los representantes de esas dos fuerzas políticas en el Cabildo: Aurelio Abreu, José Antonio Valbuena y José Luis Delgado (PSC-PSOE) y Cristina Valido (CC-PNC-CCN).
Durante esta reunión, celebrada en el Cabildo, Alonso expuso a los representantes de las Islas en las Cortes Generales la necesidad de seguir insistiendo al Gobierno del Estado que aumente, o al menos mantenga, en sus presupuestos generales partidas destinadas a las políticas activas de empleo en Tenerife, a las mejoras en carreteras y en la depuradora de Santa Cruz, así como a la cultura, al patrimonio cultural y al deporte. El presidente les explicó, además, que estas peticiones se presentarían en forma de mociones en el Pleno que la Corporación insular celebró hoy viernes.
Una vez más, el grupo de Gobierno del Cabildo de Tenerife (CC-PNC-CCN y PSOE) reclama al Estado que cumpla su compromiso con la Isla. La ficha financiera destinada a Canarias ha pasado de los 1.190 millones de euros que el Ejecutivo central destinó a las Islas en 2011, a los apenas 267 millones de euros programados para el 2015.
Estas cifras refrendan que Canarias sigue perdiendo peso en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como demuestra su desplome en los últimos cuatro ejercicios con los recortes impuestos por el Gobierno central a consecuencia de la crisis, y que han supuesto una caída de más del 50% de algunas partidas destinadas a Canarias en los Presupuestos Estatales, y de la eliminación de otras.
En el caso concreto de Tenerife, los PGE de 2015 significan la suma de nuevos y sucesivos recortes en inversión, políticas de empleo y gasto social, afectando principalmente a carreteras, infraestructuras turísticas, educativas y vivienda, - en la mayoría de los casos obras ya contratadas y recogidas en convenios plurianuales-, recortes en políticas activas de empleo y la eliminación total o parcial de partidas destinadas al PIEC, la desalinización de agua, etc.