El nuevo interventor tendrá un plazo inicial de 6 meses para llevar a la legalidad las subcontrataciones efectuadas por la empresa, así como el cumplimiento del compromiso del 'know how' del contratista y las inversiones previstas. A partir de ahora, el interventor podrá hacer propuestas a los órganos de la empresa.
No obstante, no está entre las funciones del interventor sustituir a los mismos en la adopción de los acuerdos para los que sean competentes, ya que el Ayuntamiento no interviene la empresa, sino el servicio de la gestión del agua. En el acuerdo se señala que, ante una eventual resistencia de tales órganos, el interventor podrá proponer al Ayuntamiento la adopción de otras medidas que garanticen la continuidad en la prestación del servicio.
En los cuatro meses transcurridos desde el primer acuerdo respecto a la intervención, se le otorgó un plazo de alegaciones a Emmasa y a su socio mayoritario (tras la adquisición de acciones para tal fin), el grupo Sacyr. En este último caso, el socio mayoritario consideró que todas las actuaciones debían seguirse con Emmasa y declinó personarse en el procedimiento.
El Consistorio solicitó dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, que entendió que no tenía que pronunciarse en este caso. El procedimiento de intervención propuesto se basa, en todo momento, en los principios jurídicos de legalidad y proporcionalidad, garantizando el derecho de defensa tanto de Emmasa como de Sacyr.
Tras la sanción de 450.000 euros impuesta por el Ayuntamiento a Sacyr, en mayo de 2013, se abrió otro expediente requiriendo a la empresa nueva información sobre subcontrataciones, además de encargar una auditoría de cumplimiento. Una vez analizado el resultado de ésta, los servicios administrativos propusieron la intervención de la gestión del ciclo del agua en Santa Cruz.