Bermúdez explicó que el Ayuntamiento capitalino ha dado diferentes pasos para el cumplimiento efectivo de la sentencia, desde su promulgación en noviembre de 2014, pero que "tenemos que tener la certeza absoluta de que lo que tenemos que derribar es lo que la sentencia dice que tenemos que derribar".
En este sentido, el acalde recordó que la Corporación ha solicitado a la Dirección General de Costas un informe en el que determine con exactitud cuál es la afección del dominio público marítimo-terrestre para ejecutar un proyecto de demolición en el que, por otra parte, ya se ha avanzado. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha recibido respuesta del órgano directivo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Los términos del oficio comunicado ayer al Ayuntamiento son idénticos a la sentencia original, "como idéntica es la postura del alcalde de cumplirla", subrayó Bermúdez, quien recordó también que existe la posibilidad de que el resto del edificio pueda ser legalizado a través del planeamiento urbanístico, como plantea la propia resolución judicial.
A este respecto, el alcalde recordó la existencia de una "ficha indicativa" del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife que prevé un aparcamiento en la cabecera de la playa, documento ya vigente en el momento de producirse la sentencia. Asimismo, el Ayuntamiento acomete en estos momentos un Plan Especial para Las Teresitas que debe desarrollar lo anterior.
Ahora mismo, la Corporación está a la espera de que los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanismo determinen si ambas figuras de planeamiento son suficientes para legalizar la parte del edificio no afectada por la servidumbre y mantener su estructura.
"Todos los pasos que demos, deben estar perfectamente fundamentados porque si derribamos la totalidad del edificio y existiese la posibilidad –tal y como la propia sentencia establece– de mantener en pie parte del mismo, el Ayuntamiento podría incurrir en otro tipo de responsabilidades", añadió el alcalde.